Un pequeño aumento de los tipos de interés en EEUU ha puesto a las autoridades monetarias, especialmente a las europeas, en guardia. Saben que los especuladores suelen reaccionar de manera exagerada ante cualquier cambio; en cuanto intuyen algún peligro puede hundir la bolsa o la cotización de la deuda. La ponderación no cotiza en esta actividad y por esa razón las finanzas se han convertido en una fuente continua de inestabilidad.

Ese cambio al alza en los tipos de interés repercute en el enorme volumen de deuda acumulado: el pago de intereses se puede multiplicar hasta convertirse en un gran problema. Y los ordoliberales alemanes ya han empezado a poner el grito en el cielo, cuando ni siquiera se ha dado por superada la pandemia. Uno de sus portavoces, el exministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, publicó la semana pasada un artículo en “Financial Times” en el que volvía a pedir mano dura –«una estrategia mixta de palo y zanahoria»– para lograr que los Estados de la Unión Europea vuelvan a la ortodoxia cuanto antes.

A pesar de los malos augurios, los seguidores de la Teoría de la Moneda Moderna (MMT) no se cansan de repetir que un Estado no puede ser insolvente, puesto que siempre puede emitir todo el dinero que necesite. Si bien en líneas generales es una afirmación cierta, en la Europa del euro el emisor no es cada Estado sino el BCE, lo que cambia un poco las cosas. En cualquier caso, la cuestión no es tanto emitir moneda para pagar intereses o lo que haga falta, sino por qué vías fluye ese dinero hacia la economía, cómo se gasta. Si se usa para crear nuevos empleos con el fin de alcanzar la plena ocupación, puede que, por ejemplo, la demanda de cerveza o de televisores se dispare. Y si la economía no tiene suficiente capacidad para atender a toda esa demanda, lo más probable es que los precios de la cerveza y los televisores suban, con efectos que, a la larga, pueden resultar indeseables para la economía: subidas de precios y desequilibrios en la capacidad productiva de algunas ramas industriales.

Pues algo de eso es lo que está ocurriendo ahora con la emisión de dinero del Banco Central Europeo. La diferencia es que el BCE no lo utiliza para crear nuevos puestos de trabajo. Lo que hace el regulador es financiar a las grandes empresas y bancos. Nada más comenzar la pandemia puso en marcha el Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP) con 750.000 millones de euros preparados para adquirir activos públicos y privados. Desde entonces el BCE compra deuda pública de los Estados y también deuda privada de las empresas. De este modo el dinero del BCE termina en los bancos que compraron esa deuda, pero indirectamente está financiando a los gobiernos y empresas –grandes– con capacidad para emitir esa deuda. Si los especuladores saben que tarde o temprano el BCE comprará esos papelillos la adquirirán a cualquier precio. Ya la revenderán.

Este extraordinario sistema ideado para distribuir el dinero sin tener que dárselo al Estado provoca dos problemas. El primero es que el Gobierno no lo puede gastar en crear empleo directamente, y el segundo, y más importante en la actual coyuntura, es que esa capacidad de compra extra que llega a bancos y grandes empresas no se utiliza para realizar nuevas inversiones; en una coyuntura impredecible, el sector privado no se arriesga a invertir en nuevos proyectos o en ampliar antiguos negocios, porque no sabe qué puede pasar.

Así que bancos y grandes empresas utilizan esa capacidad de compra añadida para especular; básicamente con acciones y con inmuebles. La compra masiva de acciones hace que la bolsa suba y provoque una sensación de que las cosas van razonablemente bien, cuando en realidad detrás solo hay dopaje. Este es uno de los efectos que buscan la autoridades monetarias, también llamado efecto riqueza y que consiste en que la sensación de riqueza, sea real o figurada, induce a la gente a gastar más.

Para los que no les gusta la bolsa, la otra opción es especular con ese flujo de dinero en el mercado inmobiliario. Todos los fondos buitre están gastando ingentes cantidades en viviendas y edificios. Tal es la presión de la especulación sobre los inmuebles que está haciendo que los alquileres crezcan sin tregua, aumentando los ingresos de los rentistas y empobreciendo todavía más a la gente.

En este contexto de dinero a espuertas y especulación, el Informe de Estabilidad Financiera de mayo del BCE advertía de que puede haber problemas muy serios por el aumento de la deuda de las empresas y los Estados, por la «exuberancia observada en los mercados». Asimismo, señalaba como causa la sobrevaloración de algunos activos, entre los que ponían como ejemplo la vivienda. Sorprendentemente, al banco emisor del euro que ha estado cebando la especulación con dinero y más dinero gratis, cuando los tipos de interés se han movido un poco en EEUU le ha entrado el canguelo. Además, apunta el problema como si no tuviera nada que ver, cuando es el principal responsable.

Y ya metido en su papel de notario, el BCE advierte que en los último seis meses se han registrado «subidas persistentes» en muchos mercado financieros y «precios más altos en los mercados inmobiliarios residenciales de la zona euro». Lo que preocupa al BCE es que ahora que empiezan a subir los tipos de interés, esa sobrevaloración pueda convertirse en una «corrección abrupta de los precios de los activos». De forma indirecta, el BCE reconoce en su informe que se está formando una burbuja financiera que puede estallar en cualquier momento.

El actual vicepresidente del BCE y exministro español de Economía, Luis de Guindos, fue más claro sobre los peligros. Durante la presentación del informe dijo que cuanto mayor sea la deuda empresarial en países con un importante sector servicios, más puede aumentar la presión sobre los gobiernos y los bancos de estas jurisdicciones. Es decir, De Guindos estaba pensando en la siguiente concatenación de acontecimientos: si el turismo continúa sin recuperarse este año empezarán a quebrar grandes empresas del sector que están muy endeudadas, las pérdidas se les acumularán a los bancos y finalmente los gobiernos se verán obligados a acudir al rescate de los bancos, que ahora son muy pocos pero muchísimo más grandes que en la anterior crisis.

A este informe siguió otro de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) publicado la semana pasada. Este último es parte de la vigilancia que ambas instituciones mantienen sobre el Estado español tras el rescate bancario de 2012 y continuará hasta que el Estado haya devuelto al menos el 75% del préstamo de 41.300 millones que recibió entonces. Hasta la fecha, el Estado ha abonado 17.600 millones de euros al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el 43% del total. Es por tanto, el informe de los acreedores sobre las perspectivas de cobrar sus préstamos.

Ambas instituciones veían como «probable» un deterioro en la calidad de los activos de las entidades financieras españolas a medida que se vayan retirando las medidas de «alivio» adoptadas para contrarrestar las consecuencias económicas de la pandemia, entre las que el informe apuntaba la moratoria en la devolución de los préstamos.

El informe presta especial atención a las moratorias adoptadas, ya sea de forma voluntaria por las entidades o a través de la legislación aprobada por el Gobierno. «La mayor parte de estas moratorias de préstamos expirará en mayo y junio. Aunque no se espera un efecto precipicio cuando esto pase, es probable que emerja un deterioro más marcado de los activos», insiste el texto.

Bruselas y el BCE utilizan los últimos datos del Banco de España para ilustrar este aspecto. Así, el volumen de préstamos que se benefician de dichas moratorias en el Estado ascendía a 56.600 millones de euros a final de marzo. Una cantidad importante que equivale aproximadamente al 5% del PIB. En resumidas cuentas, a pesar del rescate y las fusiones, los bancos del Estado siguen caminando por el borde del precipicio y cualquier cosa puede desbaratar el precario equilibrio en el que están.

A pesar de los malos datos recogidos en el informe de mayo y en el que los «hombres de negro» hicieron sobre el Estado español, en la reunión del Consejo de Gobierno de esta semana, el BCE resolvió dejar las cosas como estaban. Para justificar su decisión revisó al alza las previsiones de crecimiento de la economía en seis décimas y de la inflación hasta el 1,9%, justo por debajo del 2% que se marca como objetivo. Es difícil conocer las verdaderas razones de esta decisión: tal vez sea por el buen ritmo de vacunación que augura una mejora en la actividad; es posible que el BCE no quisiera desestabilizar más las finanzas… cualquier hipótesis es posible en el volátil mundo de las finanzas, cada vez menos ancladas a la economía real.

Sin embargo, la inestabilidad también puede llegar de EEUU donde la inflación interanual alcanzó el 5% en mayo, el mayor crecimiento desde 2008. A diferencia de Europa, la Reserva Federal estadounidense da mucha importancia al desempleo y como este sigue alto considera que no hay razones para preocuparse ni para empezar a subir los tipos de interés.

En todo caso hay una diferencia fundamental. En EEUU una parte muy importante del programa de estímulo es gestionada a través del presupuesto federal. Esa capacidad de compra extra se utiliza para crear empleo directamente. Tiene, por tanto, un engarce mayor con la economía real que el sistema europeo de financiar a los bancos y además establecer reglas para constreñir el gasto de los Estados.

La especulación financiera es absolutamente impredecible. Seguir alimentándola es una absoluta irresponsabilidad que tarde o temprano terminará estallando.