El objetivo del canon pensado para transportistas en Bizkaia es, según el diputado de Infraestructuras, Imanol Pradales, «redistribuir el tráfico de camiones en el territorio, dirigiéndolos hacia vías de alta capacidad (autopistas y autovías)». El cálculo que hacen es que unos 4.000 camiones diarios pasarán de las carreteras comarcales a los grandes corredores, según explicó Pradales en una comparecencia en las Juntas Generales.

Se trata, en sus palabras, de «un sistema altamente implantado ya en toda Europa que se ha demostrado eficaz y va a contribuir a reducir las consecuencias negativas de los desequilibrios que se producen en vías como la N-240, BI-625 y el Corredor del Txorierri, así como a reducir las emisiones de CO2 y mejorar la seguridad».

Los peajes se colocarían mediante treinta arcos en la A-8 en el tramo de autovía a Cantabria, en la N-240 –la que cruza el valle de Arratia y sube Barazar–, la N-636 (Kanpazar) y la N-637 –el corredor del Txorierri–.

Pero, primero, la Comisión Europea tiene que dar luz verde a este sistema y después habría que aprobar una norma foral. Pradales, que quiere evitar el conflicto judicial de los peajes en Gipuzkoa, calculó que podría entrar en funcionamiento parcialmente en otoño de 2022.

Negativa de los camioneros

Tras hacerse público el proyecto de la Diputación, Asotrava (la Asociación de Transportistas Autónomos/as Vascos/as) expresó su oposición porque va a «ahondar en la crisis» del sector. En un comunicado, la secretaria técnica Amaia Martínez criticó que esta medida no se ha debatido ni consensuado con el sector, y la tachó de «lisa y llanamente recaudatoria, para cubrir el déficit de las cuentas públicas». Para Martínez, imponer un canon a los camiones «no es fiscalmente progresivo», ya que las y los transportistas también son «clase trabajadora y este nuevo impuesto está especialmente dirigido a este sector».

«Un sector tan tocado y esencial, como se nos reconocía en los momentos más duros de la pandemia y que sin él toda la actividad económica se hubiera parado, no puede ni soportarlo ni aceptarlo, además de suponer una pérdida de la competitividad para el transporte vizcaino, mayoritariamente usuario de estas carreteras», enfatizó.

Según cifras estatales, solo con el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) los transportistas pagan al año «11.000 millones a las arcas públicas, sin incluir impuestos de circulación o matriculación de la flota del sector, que ya solo por sí misma asume de sobra el mantenimiento de las vías públicas».

4.000 grandes camiones

La Diputación calcula que 4.000 grandes camiones que hoy circulan en un día laboral por carreteras comarcales se incorporarían a la red de alta capacidad. Más de un millón al año.

Según este proyecto, el trasvase de camiones a la alta velocidad «va a traducirse en el corredor del Txorierri tanto como si se construyera un nuevo carril; supondrá quitar uno de cada dos camiones que circulan por el valle de Arratia; y restar de un paraje natural como el puerto de Kanpazar uno de cada tres vehículos pesados».