La Diputación de Gipuzkoa ha dado marcha atrás en su intención de seguir cobrando peaje al tráfico pesado una vez se publique la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco –ratificada por el Supremo– que anula la norma foral vigente, la segunda al respecto.

Desde que se supo el contenido de la sentencia, la institución aseguró que seguiría cobrando mientras preparaba y aprobaba una tercera norma, que pretende extender el cobro a todo el trayecto de la N-I y la A-15, sin ceñirse a los arcos de peaje.

Para llenar el vacío entre la anulación de una norma y la aprobación de la siguiente, indicó que redactaría un decreto para su inmediata entrada en vigor, una especie de puente que le permitiría mantener de manera provisional la situación actual. Los sindicatos de transportistas reaccionaron. Primero fue Hiru el que acudió a los tribunales por la vía administrativa, y una semana después el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que agrupa al sector en el Estado español, dio un paso más con una querella penal contra la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide. Entonces, la portavoz foral Eider Mendoza criticó que «no es admisible manchar así el nombre de las personas, utilizando para ello acusaciones injustas, infundadas y totalmente desproporcionadas».

Una semana después, Mendoza asume que cuando se publique la sentencia, que se dilata más de lo habitual, la Diputación «acatará y llevará a debido efecto, en sus propios términos y de modo inmediato, las resoluciones judiciales que se dicten, tal y como siempre ha hecho, con independencia de que le sean favorables o adversas».

El 13 de mayo Oiarbide reveló que iban a aprobar este decreto, indicando que su departamento llevaba tiempo trabajando «varios escenarios posibles». Ahora la portavoz recula y asume que no se aprobará, tras un «análisis jurídico en profundidad».

Lo que no se para es la redacción de la tercera norma foral. «La decisión inicial de establecer un peaje en estas vías sigue intacta, su implantación ha sido contrastada favorablemente por la UE», dice Mendoza.