Cerca de 9.000 contagios de media al día, las plantas de los hospitales cada vez más llenas de enfermos, 220 personas en cuidados intensivos –entre las que también hay menores de 30 años– y focos descontrolados en varios puntos del territorio. Esta es la situación sanitaria que presenta hoy Catalunya, desbordada ante la nueva oleada de la pandemia, cuyo repunte parecía impensable hace tres semanas, cuando las autoridades dieron por superada la crisis y anunciaron que el uso de la mascarilla, icono de la lucha colectiva contra el coronavirus, dejaba de ser obligatoria.

Hoy, para sorpresa e incredulidad de todos, el panorama recuerda a las etapas en que se establecieron los confinamientos más drásticos de la población. La variante Delta, de la que no se esperaba semejante voracidad, está haciendo estragos en amplios sectores de la ciudadanía. Muy en particular entre los jóvenes de 20 a 30 años que empezaban a disfrutar de las anheladas vacaciones, hecho que ha lanzado al Govern catalán a decretar el toque de queda en los municipios más concurridos y a recuperar algunas de las medidas de contención que había aparcado recientemente.

La decisión, validada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en este caso, incluye la prohibición de cualquier actividad comercial entre las 00.30 y las 6.00 de la mañana, limita a un máximo de 10 personas los encuentros familiares y contempla, entre otros elementos coactivos, multas de entre 300 y 600 euros para quien coma o beba en el espacio público. Las mascarillas, asimismo vuelven a poblar las calles y, medidas que se proponían como recomendaciones, ahora son imposiciones en toda regla para tratar de atajar el coronavirus.

Autoengaño o negligencia

La quinta oleada ha alterado la agenda del ejecutivo de Pere Aragonès, cuya prioridad se centraba en definir el plan de choque social y recuperación económica –a través de los fondos europeos Next Generation–, y mejorar el engranaje entre los departamentos que han cambiado de color político. Entre ellos destaca, de hecho, la consejería de Salut, ahora en manos de Josep Maria Argimon a propuesta de Junts. El nuevo responsable del departamento había sido secretario de Salud Pública durante el mandato de la republicana Alba Vergés, en la anterior legislatura.

Precisamente en Argimon se centran todas las críticas por la nueva oleada de contagios. A él se le atribuye haber ignorado las señales de alarma relacionadas con la variante Delta, así como haber defendido y aprobado, con un mensaje triunfalista, la reapertura del ocio nocturno y la organización de actividades masivas ligadas a la campaña turística. Según los expertos, estas decisiones son las que están detrás de la escalada imparable de contagios.

El origen podría situarse en las celebraciones de Sant Joan, la noche del 23 de junio, fiesta pagana que la población catalana celebra con hogueras, petardos y encuentros masivos. Más tarde llegaron tres festivales de música: el Festival Internacional Vida, que del 1 al 3 de julio congregó a 27.200 personas en el municipio de Vilanova i la Geltrú; el Festival Cruïlla, celebrado en el Parque del Fórum de Barcelona los días 8, 9 y 10 de julio y al que asistieron 50.000 personas, y el Canet Rock, que tuvo lugar el día 3 de este mes en la pequeña localidad costera del Maresme y al que acudieron 22.000 jóvenes.

En los tres festivales, las pruebas de antígenos solo detectaron dos centenares de positivos de media, pero la limitada fiabilidad de este método –genera muchos falsos negativos–, hace presuponer que el virus se transmitió de forma fácil, rápida y exponencial, provocando que hoy centenares de jóvenes colapsen los centros de atención primaria del territorio y, en algunos casos, lleguen a las UCI de algunos hospitales.

Si a todo ello añadimos la llegada masiva de turistas, las fiestas en las playas que han incrementado la interacción social y el hecho de que la vacunación aún no alcanza la franja de los 30 a 40 años, el rebrote de la pandemia estaba servido. Un descalabro que compromete las expectativas de este verano, pero también la credibilidad de un Govern que aún no ha llegado a los cien días preceptivos para pasar su primer examen.