El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sigue dando negativas cada vez que suena el teléfono en su despacho. Desde que los talibanes acabaron con el Gobierno afgano en tan solo once días y llegaron a Kabul sin disparar un solo cartucho, los corrillos de refugiados huyendo de Afganistán son constantes. Y las cifras asustan: la ONU estima que en torno a medio millón de personas habrán salido del maltrecho país para finales de año.

Para muchos, su destino es Turquía y Ankara sabe que una posible oleada de refugiados está cada vez más cerca, por lo que quiere evitar a toda costa una entrada masiva, como ocurrió en 2015. Mientras esa oleada fue contestada por la Unión Europea (UE) con seis mil millones de euros a cambio de retener a millones de migrantes en el país eurasiático, esta vez todo apunta a que no será así. Por eso, el máximo mandatario turco y su séquito niegan con la cabeza cada vez que se les pregunta.

«Turquía no será el almacén de los refugiados que se dirigen a Europa», avisó Erdogan en agosto con respecto a los acontecimientos de Afganistán. El titular de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, dejó, por su parte, una puerta entreabierta: «En el tema afgano no puede haber una cooperación que consista en ‘nosotros damos el dinero, tú [Turquía] quédate con los afganos para que no vengan’». De hecho, después de una llamada telefónica entre Erdogan y su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, el presidente turco difundió un comunicado negando la posibilidad de que Turquía vuelva a aceptar una entrada masiva de refugiados, al mismo tiempo que emplazaba a que la Unión Europea reactive el proceso de adhesión turco al Club de los 27.

Esta demanda ya estaba contemplada y firmada en el Acuerdo de 2016 entre la UE y Turquía, una cuestión que fue vista como la moneda que utilizó Bruselas para pagar al país eurasiático, junto a unos seis mil millones de euros que acabaron de pagarse en su totalidad en diciembre del año pasado. Mientras el dinero prometido era abonado a cuenta gotas, demandas como el restablecimiento de las conversaciones para la adhesión a la UE, la liberalización de los visados o la revisión de la unión aduanera siguen ancladas en el limbo.

Para el director del Programa de Turquía de la Fundación para la Defensa de las Democracias, Aykan Erdemir, lo que pueda suceder en el futuro con respecto a una ola migratoria puede ser el combustible que descongele las relaciones entre Turquía y la UE: «Erdogan sabe que la creciente amenaza de las oleadas de refugiados afganos continuará fortaleciendo su posición en las relaciones con la Unión Europea. Al igual que el acuerdo de refugiados entre Turquía y la UE en lo que respecta a los refugiados sirios, Ankara podría obtener un segundo acuerdo que contemple concesiones diplomáticas y financieras», afirma Erdemir a Gara.

Muros de hormigón. Mientras el avance talibán era imparable, Ankara ya estaba construyendo un muro de hormigón en su frontera con Irán para evitar una entrada masiva de refugiados en caso de ocurriera. Y aunque la frontera sigue sin registrar más entradas de las que siempre han habido –puesto que la guerra en Afganistán nunca ha cesado– se espera que la línea fronteriza esté más concurrida de lo normal en los próximos meses.

Los turcos, que deben lidiar con una tasa de desempleo que roza el 12% y una inflación desmesurada, han pasado de aceptar la acogida de refugiados a rechazarla por completo. Y eso no pasa desapercibido para los partidos políticos, conscientes de que en 2023 se celebrarán unos comicios decisivos.

Si el AKP de Erdogan defendió la acogida de millones de refugiados sirios cuando miles de ellos cruzaban cada día la frontera, ahora ha dicho basta. En cuanto al principal partido opositor, el CHP, la retórica es más extrema: «Enviaré a todos los refugiados a sus lugares de origen con tambores y clarinetes dentro de dos años, a más tardar. Y no quiero ser racista, no es su culpa, sino del que los ha traído aquí [Erdogan]. Busquemos un trabajo para nuestros hijos en nuestra tierra», afirmó con contundencia Kemal Kılıçdaroğlu, presidente de la principal formación opositora.

Porque lo que vende en clave electoral en estos momentos, y la totalidad de las formaciones políticas lo saben, es deshacerse de ellos. Y las medidas son cada vez más drásticas. Una pelea en Ankara, donde murió un turco a manos de un sirio, desencadenó una quema masiva de establecimientos de refugiados. Ahora, un bloque de pisos en el mismo barrio donde se desencadenó la disputa y donde se cree que malviven muchos de los involucrados en la reyerta, será derribado.

El gobernador de Bolu, región al norte del país, ha ido más allá al decretar para los refugiados de su demarcación un toque de queda a las nueve de la noche y añadir que «no deben usar un exceso de especies en sus comidas para no molestar a los vecinos». Estas medidas se suman a las de no poder lucir otra bandera que no sea turca, no caminar en grupos muy grandes o no hablar alto, entre otras.