La institucionalidad de Honduras está «carcomida» por la corrupción, un flagelo que ya hizo «metástasis», por lo que combatirlo es cada vez más difícil y convierte al país en un destino poco atractivo para la inversión, según señalaron a Efe analistas en Tegucigalpa.

Para Raúl Pineda, «no se trata de fortalecer una institucionalidad carcomida por la corrupción», sino que «hay que reinventar y construir una nueva institucionalidad».

El modelo democrático de Honduras está «colapsado» debido a la corrupción, una lacra que hizo «metástasis» en el país, donde la peor forma de corrupción es la ligada al crimen organizado, aseguró.

Pineda también cree que todos los Gobiernos tienen que «convivir con la criminalidad» y que, cuando el crimen se hace dueño de la mayor parte de la Administración del Estado, «el problema se vuelve mucho más complicado».

El combate a la corrupción, un flagelo que el país arrastra desde el siglo XIX, se ve cada vez más lejano después de que el Parlamento hondureño aprobara en octubre reformas al Código Penal que limitan su investigación, principalmente en el sector público.

La opinión generalizada en el país es que con la salida en 2020 de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA), la corrupción se ha profundizado más.

La Maccih puso fin a sus tareas en Honduras en enero de 2020 después de que el Gobierno, a través del Parlamento, decidió no ratificar el acuerdo firmado en 2016 por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y el secretario general del organismo americano, Luis Almagro.

La no continuación de la Maccih es considerada por la opinión pública como un hecho negativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, que el año pasado tuvo un retroceso en el ránking mundial de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Bajó de 26 a 24 puntos sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción, su puntuación más baja en ocho años, y se ubicó en la posición 157 de un total de 180 países analizados por Transparencia Internacional.

Camino al despeñadero

Pineda coincide con otros analistas en que, en el último cuatrienio, Honduras, el cuarto país del mundo y el segundo en Centroamérica con mayor percepción de la corrupción, ha estado infestada de actos de corrupción.

El país va camino al «despeñadero» por la falta de independencia de los poderes del Estado y una «convicción absoluta» de no reducir la corrupción, indicó Pineda, abogado y exdiputado.

La lucha contra esta lacra debe mejorar y ser frontal para que Honduras pueda atraer inversión, que en los últimos años ha disminuido. A juicio de Pineda, la inversión extranjera y nacional no se producirá a gran escala mientras el Gobierno no garantice la seguridad jurídica y combata la corrupción, que cada año desangra las arcas públicas, por lo que se requiere una misión internacional de alto nivel que ayude en esa ardua tarea.

El analista Saúl Bueso asegura que Honduras enfrenta un «problema serio» por la corrupción, pues las instituciones del Estado y la empresa privada han perdido credibilidad y la población la confianza en ellas, lo que ha disminuido la inversión.

«La inversión social ha caido debido a la corrupción y porque hay escepticismo en la sociedad, que ya no cree en nadie», señaló.

El último escándalo más sonado de corrupción en Honduras es la compra de siete hospitales móviles, en Turquía, entre marzo y abril de 2020, para hacer frente a la pandemia, que hasta ahora, según datos oficiales, ha dejado 10.398 muertes y 377.589 contagios.

Según denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción y la Asociación para una Sociedad más Justa, entre otras fuentes, en la adquisición de esos hospitales móviles a la empresa Elmed Medical Systems, por 47,5 millones de dólares, hubo corrupción.

Por esa compra irregular están presos desde abril Marco Bográn y Alex Moraes, exdirector y exadministrador de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), respectivamente, acusados de violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la Administración Pública.

Pero, además, los doce últimos años en el poder del Partido Nacional –cuatro con Porfirio Lobo (2010-2014) y ocho con Juan Orlando Hernández– se han visto salpicados por denuncias, algunas desde EEUU, de corrupción y de tener vínculos con el narcotráfico. Fabio Lobo, hijo del expresidente, fue condenado en setiembre de 2017 a 24 años de cárcel en Nueva York, tras ser detenido en 2015 en Haití, en 2015, por delito asociado al tráfico de drogas hacia EEUU. Y Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del todavía presidente hondureño, fue sentenciado el 30 de marzo a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico en Manhattan.

El nuevo Gobierno que asuma el 27 de enero de 2022 tendrá el reto de poner fin a los negocios turbios de funcionarios públicos que en alianza con algunos empresarios y el crimen organizado han vendido y saqueado, no ahora, un país donde, según los analistas, también campea la impunidad.