Teléfono en mano, Jan Kakar entra en la morgue de Lille (norte del Estado francés), unos días después de la muerte de 27 personas en el Canal de la Mancha.

Es aquí a donde han trasladado para su autopsia los cadáveres reflotados. Kakar, presidente de una asociación afgana en París, comienza a recibir en su smartphone fotos y mensajes de ocho familias afganas que temen que su hijo, su hermano o,, en su caso su primo, se hallaba en la lancha hinchable que se hundió, en circunstancias aún poco claras.

Este joven de cabello azabache que sonríe en la foto, ¿será una de las víctimas». Es lo que intenta verificar Kakar, a quien las familias, que aún se aferran a la ínfima esperanza de un error, darán luego las instrucciones: repatriar los cuerpos a Afganistán, o enterrarlos aquí.

Él se hace pocas ilusiones. «Tienen hermanos o familiares en los campamentos de Calais que ya han confirmado que se embarcaron», señala Kakar

Por el momento, se niega el acceso a los cuerpos, por falta de aval judicial. «Tardará una semana, tal vez dos», se queja Samad Akrach, director de la asociación Tahara, que entierra a asin techo y migrantes de forma gratuita durante todo el año.

Cualquiera cuya identidad se desconoce se coloca en una tumba provisional. Si durante cinco años ningún miembro de la familia reclama el cuerpo, los huesos se colocan en un osario o se incineran, explica.

«No se merecen esto»

«No queremos eso: ¡también estas personas merecen ser enterradas con dignidad!», se queja Akrach, para denunciar las gttrabas de los tribunales.

Migrantes entrevistados por AFP aseguran que eran kurdos de Irak, iraníes y afganos.

Voluntarios de asociaciones solidarias irán a los campamentos a hacer un trabajo de hormigas. Se autodenominan el «grupo de la muerte» desde 2017, cuando se reunieron con el objetivo de devolver la identidad" a los muertos y evitar que sean enterrados bajo una X.

El grupo es pequeño y está sobrepasado por la magnitud de la tragedia y, por tanto, de la tarea.

«¡Eran 27! ¿Cómo vamos a hacerlo?», se desespera Mariam Guerey. voluntaria pegada al ordenador donde se multiplican los ruegos de las familias.

Esperemos que, por una vez, el Estado haga algo», urge Juliette Delaplace, integrante del grupo de volumtasrios y responsable local de Ayuda Católica, en su centro de acogida

Jan Kakar y Samad Akrach, por su parte, se encaran a las autoridades en la vecina ciudad de Coquelles para obtener acceso a los cuerpos lo más rápido posible. «Es una carrera contra el reloj», coinciden.