Comienzo a ver una serie de espionaje en una plataforma audiovisual. A veces, aparecen palabras que advierten sobre el contenido: drogas, violencia, sexo; por ejemplo. Pero lo que no me podía esperar es que se anunciara esto, avisando del peligro: «Contiene escenas de tabaco». Me imagino que la plataforma aplica una norma aprobada en el ámbito público, de la misma manera que está obligada a explicar la edad mínima conveniente para ver cualquier contenido. Y ahí quería llegar. ¿Hasta dónde es legítimo que la administración pública proteja, tutele o eduque a la ciudadanía?

En nuestro entorno, mantenemos una extraña relación de amor/odio con la gestión de lo público. Por una parte, nos quejamos del «desmantelamiento» de la esfera pública, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Es decir, concedemos un gran valor moral a lo público, porque se supone que la Administración no busca el beneficio económico, sino el servicio a la comunidad. En este contexto, el poder público no solo legisla, sino que tiene el deber de proteger y educar a la ciudadanía. Un ejemplo: exigimos a las instituciones (públicas) que intervengan en las relaciones familiares (privadas) para proteger a los miembros más débiles -mujeres y niños que sufren maltrato-; y, además, que planteen programas de concienciación y educación para la población en general.

Sin embargo, al mismo tiempo, demostramos menosprecio o desconfianza hacia la esfera administrativa. El prefijo «auto» (autodefensa, autogestión…) enaltece cualquier actividad social o política frente a la gestión pública. Nos enorgullece tener una tradición organizativa popular, lejos de la esfera administrativa. Y me temo que esto nos hace perder de vista que hay asuntos que no se pueden gestionar mediante un auzolan. ¿Para qué, si no, queremos un Estado vasco? Yo me pido un Estado que, además de gestionar, eduque a la ciudadanía, como garantía de una vida social democrática. No tengo ningún problema con el aviso sobre el tabaco.