L a ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha dado el paso. El segundo referéndum de independencia tiene fecha y pregunta. El 19 de octubre de 2023 los escoceses responderán a si «Escocia debería ser un país independiente». O ese es el plan.

Mas allá de las grandes frases y titulares que dejó su intervención, lo cierto es que la líder independentista ha reactivado un ilusionante movimiento que ya cambió la forma de hacer política en el país en 2014.

En el fondo, el martes abrió una batalla legal.

No entraba en las quinielas que se publicara un proyecto de ley y que se llevara el caso inmediatamente a la Corte Suprema. Consciente de que la negativa de Londres a una nueva consulta independentista no parece que vaya a cambiar, el Gobierno escocés se prestó a que sean los juzgados quienes decidan si los escoceses pueden votar sobre su futuro, adelantándose, de paso, a una posible impugnación unionista.

Por el momento, Johnson no se ha expresado al respecto. Cuando lo haga, excepto un giro inesperado del guion, es probable que no se aleje mucho de su posición hasta la fecha: «No es el momento de un referéndum». Entonces, ¿qué camino abre la vía legal?

Según el marco legal,

contemplado en el Acta de Escocia (1998), cualquier legislación sobre el futuro de la unión debe contar con el beneplácito del Gobierno británico, ya que las competencias del Parlamento escocés excluyen los asuntos constitucionales. Pero el Acta, en su Anexo 6, hace referencia a lo que denominan «problemas de devolución» y cómo los deben resolver los tribunales. Lo que el equipo de Sturgeon entiende es que cualquier problema de devolución que no haya surgido en el contexto de un caso civil y penal puede remitirse a la Corte Suprema para su resolución. Y es lo que ha hecho.

En la presentación del caso, defendió que el mero hecho de celebrar un referéndum sobre la independencia no rompería en sí mismo la unión. Sturgeon argumentó que el referéndum sería «consultivo», y explicó que «un voto mayoritario a favor en este referéndum no hará independiente a Escocia» de forma inmediata. Es decir, el esquema del Brexit.

En caso de que la Corte no dé su visto bueno, apuntó que las elecciones generales se convertirán en una suerte de «referéndum de facto», en el que el SNP se presentará con la independencia como único punto de su programa. Es complicado predecir el papel de una sociedad como la escocesa en ese escenario. Si bien es cierto que el derecho a decidir tiene un respaldo mayoritario (incluso entre las filas unionistas), todo lo que no sea un referéndum acordado genera dudas (incluso entre las filas independentistas). Por ello, sea cual sea el resultado judicial, el SNP seguirá buscando el acuerdo con Londres.

La legitimidad a una consulta se la dan, también, los votos en contra y la participación y eso parece complicado a través de unas plebiscitarias. Pero Sturgeon, en su carta a Johnson, fue clara: «Tú y yo nunca estaremos de acuerdo sobre los méritos de la independencia. Pero espero que cualquier demócrata esté de acuerdo en que es inaceptable que el pueblo de Escocia no pueda tomar esa decisión».