Arturo LUQUE GONZÁLEZ

Fin de la resiliencia en Ecuador

El autor hace un análisis crítico de la deriva de Ecuador, desde lo que considera buen gobierno de Correa, pasando por el malogrado Lenín Moreno y terminando en el banquero Guillermo Lasso. Arturo Luque González es profesor titular principal en Ciencias Sociales en la Universidad Técnica de Manabí y miembro del Observatorio Euromediterráneo de Espacio Público y Democracia URJC, Madrid.

Guillermo Lasso está tocado, pero no hundido. Ningún banquero lo está, puesto que gran parte de sus vidas las dedican a dejarlo todo atado y bien atado, y si es desde el gobierno mejor aún.

En la actualidad, Ecuador es un país abierto en canal, pero subyugado a prestamistas internacionales travestidos de desarrollo. A partir de ahí, se han ido desmembrando piezas esenciales para un normal funcionamiento social e institucional. Tal circunstancia, a pesar de dar síntomas desde hace años, nunca fue interiorizada por buena parte de la sociedad ecuatoriana.

La vida en general era buena con el presidente Rafael Correa. El clímax llegó con la nueva Constitución de la República del Ecuador en el año 2008. Un presidente que sabía hablar y se fajaba en televisión sin teleprónter. Su buen hacer situó al Ecuador en un lugar del que nunca debió salir: la excelencia. Su hiperliderazgo no estaba en duda.

Ni la industria lo cuestionaba, ni los caseros y sus alquileres, ni la propia derecha puesto que nunca se dinamizó tanto la economía y se repartió tanto el pastel como bajo su mandato. Julio Jaramillo, uno de los mejores cantantes de la música ecuatoriana, era el Coldplay andino de toda velada política repleta de trago y autocomplacencia.

Casi nadie chistaba. Los índices de analfabetismo disminuyeron y se establecieron políticas redistributivas asentadas en la justicia social y el reconocimiento de una vida en sociedad.

Las cooperativas de ahorro y crédito iban bien. Se institucionalizó el aguardiente de caña conocido como «pájaro azul», no como bebida oficial, pero sí oficiosa en cada acto de graduación universitario.

La cosa se movía. Con ello, la mal llamada clase media llegó y el partido de Correa, Alianza País, con su buen hacer se desvaneció poco a poco. Para qué hacer partido e institucionalidad si ya lo hacía él.

Eran épocas donde todo el mundo tenía móvil de última generación traído de Miami por cualquiera de sus panas. Se cambiaban las fotos de perfil de WhatsApp todos los fines de semana con la imagen de una nueva botella de whisky.

Hasta la sociedad ecuatoriana, tan patriota, sucumbió a China. País que siempre tendió la mano (y sus dólares) sin esperar nada a cambio a pesar de ser un país finalmente maltratado y poco entendido. Todo funcionaba.

Solo había pequeños peros. La élite pelucona de izquierdas

radicada alrededor de la calle González Suárez y ahora en los valles de Cumbayá en Quito solo criticaban la Revolución Ciudadana en la intimidad, aunque lo que realmente les escocía era la ley de herencias y en muchos casos no poder incidir más en el gobierno de Correa.

Como patada de ahogado montaron su caballo de troya «yasunido» y trataron de asaltar el liderazgo de Correa, eso sí, no con más de un 4% de respaldo. Dentro de su mística, la autodenominada izquierda pura en Ecuador acabó, tanto por acción como por omisión, apoyando a un personaje como Carlos Pérez Guartambel, alias Yacu Pérez. Un exabogado de una empresa extractivista visto con buenos ojos por EEUU y en la actualidad montando otro partido político llamado «Somos Agua».

En ese carnaval institucional, hasta se permitió que universidades como Flacso y Andina entre otras se repartieran el botín a base de plazas de nombramiento de por vida a personas que en muchos casos nunca escribieron un artículo ni en Condorito. Las plazas estaban a medida y los concursos eran mero trámite. Nadie se percató en Ecuador salvo incautos, muchos de ellos hermanos indígenas bien formados que iban en autobuses de línea viajando toda la noche con su hoja de vida bajo el brazo a pedir trabajo a esas universidades. La respuesta era de primero de corrupción, «mis felicitaciones señor/a, nosotros le contactamos».

Con toda esa anestesia llegó al gobierno Lenín Moreno, el delfín de la revolución. Poco tardó en relucir la enemistad de una relación que nunca debió de existir entre él y Correa. Buena parte de la sociedad adormecida le reía los errores al presidente Moreno. Errores y bromas muchas de ellas injustificables por su discapacidad, las cuales taparon buena parte de su inoperancia.

A partir de ahí, los indígenas ya empezaron a impacientarse por la falta de recursos y la ínfima concreción en la elaboración de los Planes de Vida como recoge la Ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

La ofensa al pueblo solo acababa de empezar, persecución a todos sus opositores incluida. El lawfare en Ecuador se convirtió en un deporte nacional. La respuesta más contundente la recibió a través del Levantamiento Indígena de 2019 doblegando al presidente Moreno a retirar la desproporcionada subida de los carburantes establecida en el decreto 883 dejando ocho fallecidos, 1.340 heridos y violaciones constantes de derechos humanos. Lenín condecoró en muchos casos a parte de esa cúpula militar. La misma que en la actualidad dirige la represión contra el pueblo ecuatoriano desde el 12 de junio.

Con esta incertidumbre llegó la pandemia del covid-19. A partir de ahí el país quedó arrasado. La falta de médicos, insumos, medicinas, personas que levantaran los cadáveres (muchos de ellos al sol sin ningún tipo de atención) se generalizaron. Como respuesta implementó la «Ley Orgánica de Apoyo Humanitario» estableciendo de facto el despido libre prácticamente sin indemnización y la seudoesclavitud laboral.

Con esos antecedentes llegó Guillermo Lasso al poder, no sin tratar de eliminar todo rastro de oposición política

. Los troll center y la desinformación hicieron el resto. Su año de gobierno ha sido un despropósito continúo tildando cualquier tipo de cobertura social de gasto. Aplazó sine die la interlocución con las nacionalidades indígenas; hasta en cuatro ocasiones se intentó, el 11 de junio, 5 de agosto, 4 de octubre y 10 de noviembre del año 2021 estando 367 días sin respuesta.

El levantamiento indígena era cuestión de tiempo y el 12 de junio de 2022 se declaró el paro nacional. Entre sus principales reclamos destacan la reducción del precio de los combustibles congelando el diésel a 1,50$ y la gasolina ecopaís a 2,10$.

Hay personas en comunidades amazónicas que no pueden tomar la barca colectiva para ir a un centro médico al no poder pagar el pasaje, o ir a estudiar puesto que muchos de los colegios del milenio creados en la época de Correa quedaron inutilizados y mal mantenidos. También se solicita una moratoria de deudas y una reducción de las tasas de interés que en préstamos hipotecarios llega al 16%.

Cabe recordar que Lasso, desde que llegó a Carondelet, ha boicoteado la práctica totalidad de procesos de economía social como por ejemplo la creación y promoción de nuevas cooperativas de ahorro y crédito evitando establecer porcentajes de interés razonables. Por otro lado, se requiere establecer una moratoria minera. Se conmina a establecer control de precios, a proteger a las empresas públicas a las que Lasso ya ha sentenciado junto a un restablecimiento de medicinas y personal sanitario en hospitales y centros de salud.

La violencia estatal como consecuencia ha llenado las calles. Los heridos se amontonan, los muertos empiezan a aparecer y el equilibrismo de la prensa para taparlo está llegando a su fin.

La salida de Lasso es muy compleja. Desde la muerte cruzada a la revocatoria del mandato. Situación apuntalada por mercados, partido Izquierda Democrática y por buena parte de Pachakutik (ex de Yaku Pérez).

Lasso ha optado por el secuestro temporal del líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leónidas Iza, y por el encubrimiento de un proyectil lanzado a su vehículo como advertencia. Tras quedar absuelto, el 4 de julio será su juzgamiento.

Esperemos no se cometa una nueva torpeza encarcelando al líder del movimiento indígena. Todo ello mientras sus ministros de guerra, Patricio Carrillo (Interior) y Luis Hernández Peñaherrera (Defensa), recomiendan al presidente Lasso una negociación con el movimiento indígena con las cartas marcadas y el revólver debajo de la mesa por muchos curas que intenten distraer con su sotana la mesa de negociación en un Estado Laico de cartón piedra en vez de abrir sus iglesias 24/7. Lasso ha olvidado que las manchas de sangre son difíciles de olvidar y limpiar quedando su mandato ya sentenciado.