El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó ayer que el Gobierno español «está en contra y se ha opuesto» a los controles fronterizos instaurados por las autoridades francesas en la muga entre Gipuzkoa y Lapurdi, donde han fallecido nueve personas migrantes ahogadas desde abril de 2021. El pasado 18 de junio murió Abderrman Bas, un joven guineano de 25 años que perdió la vida en aguas del Bidasoa.

El diputado del PNV Iñigo Barandiaran denunció este caso en el Congreso, donde preguntó al Ejecutivo de Pedro Sánchez «qué es lo que piensan hacer para preservar los derechos fundamentales de los migrantes que están en tránsito hacia Europa».

En su respuesta, Grande-Marlaska señaló que el Gobierno español se opuso a la reforma del código de frontera Schengen para poder permitir el establecimiento de controles internos, «porque entendemos que puede perturbar la naturaleza y la esencia de lo que es el código de fronteras Schengen», en alusión a la libre circulación de personas entre algunos Estados de la Unión Europea.

Según explicó, «somos partidarios de una protección efectiva de las fronteras exteriores pero de la libertad de deambulación en el marco de la UE. Y la protección de la vida de los migrantes, irregulares o regulares, y de los no migrantes es una de nuestras principales preocupaciones».

Indicó que efectivos de la Guardia Civil controlan por vía marítima y aérea el Bidasoa «para evitar tragedias». La presencia de los uniformados, que han participado en controles conjuntos con la Gendarmería francesa, no ha impedido que dos persona hayan muerto ahogadas este año.