La justicia francesa se opuso ayer a la extradición de diez exactivistas italianos de varios grupos armados, entre ellos las Brigadas Rojas, reclamados por Italia por su papel durante los «años de plomo», un expediente que envenena las relaciones entre ambos países desde hace 40 años, y que el presidente, Emmanuel Macron, decidió zanjar hace un año impulsando la ejecución de las solicitudes de extradición. Pero la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París se basó en el respeto del derecho a la vida privada y familiar, así como en el respeto del derecho a un juicio justo, previsto en los artículos 8 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, para formular una opinión desfavorable. La decisión aún puede ser objeto de un recurso de casación.

El anuncio de esta decisión conjunta fue recibido con muestras de intensa emoción, con los exactivistas -ahora de entre 61 y 78 años- abrazados a sus familiares. «Es el triunfo de los derechos, la humanidad y la justicia frente a la razón de Estado», se felicitó Irène Terrel, defensora de siete de ellos.

La orden de Macron fue «una traición a la palabra dada y al total desconocimiento de lo que es una amnistía», señaló otro abogado, Jean-Louis Chalanset, abogado de Enzo Calvitti.