EDITORIALA

Matones armados en las carreteras vascas

Representantes de Sortu informaron ayer de un caso de acoso y amedrentamiento a un miembro de su Consejo Nacional, que fue interceptado por la Guardia Civil cuando se dirigía a Oñati procedente de Arrasate. Los detalles ofrecidos por Iosu Lizarralde dan cuenta de un operativo diseñado expresamente contra el militante independentista, que fue sometido a un interrogatorio ilegal. El edil oñatiarra explicó asimismo que, a tenor de las declaraciones de los uniformados, había sido objeto de un estrecho seguimiento por su parte.

No es el primer caso en que guardias civiles asaltan a ciudadanos vascos, en algunos casos para interrogarles acerca de su militancia o sobre la situación de allegados presos o exiliados, y en otros casos con el único objetivo de amenazarles y coartarles. Este episodio coincide, además, con el descubrimiento de dispositivos de video y audio en un local de Ernai y la confirmación de que los dirigentes de la izquierda abertzale son espiados, lo que dibuja un marco general de vulneración de derechos que debe ser denunciado. Hace unos días, en el Parlamento de Gasteiz, PNV, PSE y PP rechazaron la aparición de unos carteles en la sede donostiarra de esta última formación, al apreciar un intento de coacción en lo que era una denuncia de la operación policial contra Herrira. Con estos precedentes, es de esperar que estos tres partidos censuren con contundencia esta última agresión contra una fuerza política legal.

Por otra parte, más allá de este acoso específico, casi no hay día en que no se levanten en las carreteras vascas controles «antiterroristas» por parte de agentes armados hasta los dientes que actúan como matones. De hecho, una vez cerrada la actividad armada de ETA, casi podría decirse que la función principal del instituto militar ha pasado a ser emboscarse para dificultar el tránsito de miles de conductores. Incapaz de adaptarse al nuevo escenario, la Guardia Civil va camino de convertirse en una banda de salteadores de caminos.