El Parlamento de Nafarroa ha aprobado una Proposición de Ley de reconocimiento y reparación moral de las víctimas del golpe militar de 1936, que en ese herrialde, donde no hubo siquiera frente de guerra, se saldó con la muerte de miles de personas inermes, que fueron fusiladas en tapias y cunetas por causa de sus ideas. Toda la oposición, salvo el PP, único grupo que votó en contra, unió ayer sus votos para sacar adelante una propuesta que constituye un primer paso para saldar la deuda que las instituciones navarras mantienen con todas aquellas familias que, además de perder a uno o varios de sus miembros a manos de los fascistas, han sufrido décadas de humillación y represión, primero, y abandono, después.

Este pronunciamiento va más allá de la reparación moral que se cita en su enunciado, pues tiene también el peso que le confiere el representar una posición política mayoritaria en la Cámara, y llega acompañado por una serie de compromisos tendentes a restañar las heridas que todavía causan una profunda aflicción en mucha gente. Y es que no hay que olvidar que gran parte de los fusilados fueron posteriormente enterrados en fosas comunes o simplemente lanzados a cuevas y simas, y que allí aguardan a ser recuperados. En ese sentido, es una medida acertada encomendar al Ejecutivo la tarea de localizar y rescatar sus cuerpos. Del mismo modo, la exigencia de retirada de los símbolos franquistas que aun pueblan el territorio navarro es una medida acertada que el Gabinete de Yolanda Barcina debe acometer sin excusas ni dilaciones.

Las víctimas que asistieron al debate y acogieron con aplausos el acuerdo tuvieron que oír al portavoz de UPN afirmar que están siendo «instrumentalizadas», un vergonzoso sarcasmo por parte de quien siempre las ha orillado y aun hoy se pregunta si en aquella masacre hubo «buenos y malos». Las palabras de Javier Caballero le retratan, pero no deslucen una buena noticia que muchos esperaban desde hace ocho décadas.