Martxelo DÍAZ IRUÑEA
tras el fallo de estrasburgo

Amaiur exige a Madrid que pare «la política basada en la venganza»

Onintza Enbeita, diputada de Amaiur, emplazó al Gobierno español a dejar de dar cobertura a los «sectores que siembran odio y venganza» en vez de apostar por avanzar y desbloquear ámbitos como la política penitenciaria y la superación del conflicto. Al igual que Etxerat, la coalición abertzale enmarcó en este contexto la agresión sufrida por familiares de presos el sábado en Murcia.

«Parece que el Gobierno del PP se empeña en condenarnos a un escenario de retroceso. En un momento en el que se han abierto importantes oportunidades para avanzar y desbloquear ámbitos como la política penitenciaria, la normalización política y la superación de las diferentes cuestiones derivadas del conflicto, se encierra en una espiral que solo alimenta los intereses de los sectores más reaccionarios del Estado», destacó ayer en Bilbo la diputada de Amaiur Onintza Enbeita.

En este sentido, acusó al PP de ser «responsable directo» de agresiones como la sufrida el sábado por familiares de presos vascos en Murcia, «porque está alimentando a la ultraderecha. Le exigimos que deje de dar cobertura política a estos sectores que solo siembran odio y venganza».

Emplazamiento de Etxerat

Amaiur fue ayer la única formación que hizo referencia al apedreamiento sufrido por familiares de presos en Murcia, agresión que fue denunciada por Etxerat, que emplazó a toda la sociedad y a los agentes a que «denuncien este acoso para que no se vuelva a repetir más», al tiempo que reclamó que se acabe con la dispersión «porque aumenta la posibilidad de sufrir estos ataques». «Esta es la segunda vez en pocos días que tenemos que denunciar las agresiones y acosos que hemos sufrido los familiares y amigos. Estamos sufriendo las consecuencias directas de la campaña de venganza que han puesto en marcha algunos políticos y algunos medios de comunicación», añadió en una nota.

Sobre este asunto, Enbeita, tras denunciar las condiciones de vida de los presos y presas vascas, criticó que en lo que respecta a la liberación de los afectados por la sentencia de Estrasburgo, no se explique que «ya han cumplido su condena, que lo que cumplían era algo añadido, por lo que al final se da una confusión general y un linchamiento mediático y político bastante duro».

La diputada de Amaiur también hizo referencia a los casos de seguimientos y escuchas que han salido a la luz últimamente y recordó que han solicitado la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, para que dé explicaciones. Sin embargo, acudirá a la comisión de secretos oficiales en la que este grupo tiene vetada su entrada.

Asimismo, Enbeita anunció que mañana presentarán una moción en el Congreso en la que reclaman medidas concretas para erradicar la práctica la tortura. Así, exigen la derogación de la incomunicación durante el periodo de detención, que el Estado investigue las denuncias por tortura y aplique las recomendaciones de la ONU, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Asimismo, reclamaron al Estado que aplique el derecho internacional con las víctimas de la tortura, «es decir, que restituya, indemnice y dote de ayuda médica» a quienes la han padecido durante su detención.

En relación a esta práctica, el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, en una entrevista en «El País», reconoció y justificó el uso de la tortura.

El TC analiza recursos

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), por su parte, convocado para mañana, estudiará cómo aplicar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. En concreto, analizará el recurso presentado por Iñaki Fernández de Larrinoa, que está encarcelado desde setiembre de 1989.

Fuentes citadas por Europa Press señalaron que las consideraciones que se establezcan para este caso serán tomadas en cuenta por las dos salas que integran el llamado tribunal de garantías respecto a los otros 28 recursos presentados en el TC contra la aplicación de la doctrina 197/2006. El objetivo es evitar la disparidad de criterios.

La inclusión de este asunto en el Pleno del TC se produce después de que el Supremo acordara que debe ser cada tribunal sentenciador el que dirima el alcance de la sentencia de Estrasburgo. De los 29 recursos que tiene que analizar el Constitucional, 17 están pendientes de sentencia y los doce restantes todavía tienen que ser o no admitidos a trámite.