Alberto PRADILLA
ANÁLISIS: OFENSIVA SECURÓCRATA EN EL ESTADO ESPAÑOL

«La calle es mía» versión 2013

No es una norma «anti15M» como se intentó vender en redes sociales pero sí trata de atajar los formatos de movilización más explorados en los últimos años. Con la Ley de Seguridad Ciudadana, el PP trata de cubrir los huecos pendientes del nuevo Código Penal y convertir en problema de orden público el descontento social.

La filtración de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana propuesta por el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz (que ya había adelantado algunas líneas la semana pasada en el Congreso) forma parte de una decidida apuesta securócrata desarrollada durante toda la legislatura por parte del Gobierno. Desde su llegada a Moncloa, el PP busca reducir el descotento provocado por la grave crisis estructural que afecta al Estado a un problema de orden público. Es decir, la receta de Mariano Rajoy para atajar las movilizaciones contra los recortes o de denuncia de la corrupción se reduce a más policía en las calles y penas más duras. Primero fue el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien abrió la veda con una reforma del Código Penal elaborada a golpe de titular y cuya principal consecuencia será la ampliación de los márgenes para que los jueces puedan mandar a la cárcel a detenidos durante protestas. Con esta iniciativa todavía en trámite parlamentario, ahora Fernández Díaz abre un nuevo frente que, a falta de leer la letra pequeña, parece que busca rellenar las posibles grietas del código. No en vano, ambos exploraron conjuntamente las posibilidades de incrementar los castigos. La sustituta de la ya de por sí restrictiva «Ley Corcuera» de 1992, contempla cuantiosas multas para actividades como convocar por Twitter a una protesta en el Congreso español u otras instituciones, «insultar» a un policía o no entregarle el DNI. Así hasta 55 conductas, de las que 21 serán consideradas como «muy graves» (con multas de entre 30.001 y 600.000 euros).

La idea de «forzar el reglamento», fue ya popularizada por el titular de Interior, tras el encarcelamiento de tres ciudadanos catalanes después de la huelga general del 29 de marzo de 2012. Desde entonces, tanto el PP como CiU han promovido iniciativas que evitasen a policías y jueces la molestia de tener que estirar la ley. Desde ámbitos judiciales ya se hablaba de «derecho penal del enemigo» para calificar el proyecto filtrado ayer. Aunque es cierto que, por ahora, el Ejecutivo del PP no ha llegado tan lejos como los sucesivos gobiernos españoles lo hicieron con las leyes de excepción aplicadas en Euskal Herria. Aunque Interior sí que reconoce haberse inspirado en sus prácticas al otro lado del Ebro.

La primera pata de este sistema es el Código Penal de Gallardón. Sucesos como los choques con la Policía en movilizaciones como «Rodea el Congreso» fueron la primera excusa. No obstante, el borrador no se limita a los enfrentamientos. Según el futuro código, podrán ser castigados quienes «actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo». La pena, de seis meses a tres años, se mantiene igual que en el texto actualmente vigente. Aunque esto es una trampa. Por una parte, porque amplía los sujetos, no solo a quien participa, sino también a quienes «actuaren sobre el grupo o sus individuos incitándoles a realizar las acciones descritas», lo que abre la vía a la interpretación subjetiva. Por otra, porque incluye una serie de agravantes que permiten incremenentar la condena.

Estos vienen reflejados en el artículo «557 bis», que sube las penas a un mínimo de un año y un máximo de seis. Entre los casos que se incluyen: portar armas, lanzar objetos contundentes o «cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa o con ocasión de alguna de ellas». Aún sin caer en la tentación de aquel policía español famoso por instar a los manifestantes en disolverse en grupos de menos de uno, el proyecto amplía el coto de caza. Porque a nadie se le escapa que todos estos hechos suelen producirse en el marco de protestas multitudinarias. En el fondo, lo que el PP busca, según han confesado en diversas ocasiones, es que los jueces dispongan de herramientas para poder encarcelar a alguien arrestado por primera vez y que no tuviese antecedentes.

Muchos de los supuestos están elaborados «ad hoc». Por ejemplo, para frenar las ocupaciones de sucursales o de centros de salud, habituales para paralizar desahucios o en defensa de la sanidad pública. En el futuro, la «invasión» del domicilio de una persona jurídica pública o privada, «aunque se encuentre abierto al público y cause con ello una perturbación relevante de su actividad normal» será delito. Ahí se añade un nuevo tipo: «la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión» de los hechos relatados en el artículo 557. Un aviso para quienes llaman a marchas a través de Twitter o Watsapp.

Lo de convocar a protestas a través de redes estará perseguido por partida doble. Y ahí entra en juego la Ley de Seguridad Ciudadana, que hoy será trtada por los secretarios de Estado y podría pasar al Consejo de Ministros este viernes. Según lo filtrado por diversos medios, llamar a movilizarse en los alrededores del Congreso español podría estar penado con multas de hasta 600.000 euros. Otra de las conductas registradas en ambos textos es la de cubrirse el rostro para «alterar el orden público», independientemente de que la acción cometida se considerase delito. Además de para criminalizar, la normativa incluye mecanismos para impedir las denuncias públicas de los excesos policiales: quienes graben a los agentes serán condenados.

En definitiva; tanto el «código Gallardón» como la «Ley Fernández» supondrán la versión actualizada a 2013 de la frase popularizada por Manuel Fraga, fundador del PP, ante las protestas: «la calle es mía».