PNV, PSE, PP y UPyD se niegan a crear una comisión especial sobre Iñigo Cabacas
El Parlamento de Gasteiz rechazó -con los votos de PNV, PSE, PP y UPyD- la creación de una comisión de investigación sobre la muerte de Iñigo Cabacas por un pelotazo de la Ertzaintza. La petición la había hecho su familia.
«Hoy la respuesta que ustedes den con su voto no será a favor o en contra de una propuesta de EH Bildu, será a favor o en contra de establecer la verdad, será a favor o en contra de la necesidad de sentar justicia en toda su extensión; sobre todo, estarán a favor o en contra de Iñigo Cabacas, a favor o en contra de lo que la familia nos reclamó aquí».
Las palabras de Julen Arzuaga no movieron la posición fijada por UPyD, PP, PSE y PNV contra la creación de una comisión especial de investigación para depurar responsabilidades políticas en la muerte de Cabacas. Gorka Maneiro, Nerea Llanos, Mikel Unzalu e Iñigo Iturrate, los mismos que a los padres de Iñigo Cabacas les dijeron en su día que harían todo lo posible para esclarecer el caso, argumentaron ayer que EH Bildu no pretendía buscar la verdad, sino desprestigiar a la Ertzaintza, atacar al anterior consejero de Interior y aprovecharse del dolor ajeno. Lo decían, eso sí, después de haber prodigado condolencias y solidaridades a los allegados del joven muerto de un pelotazo.
Fue la familia de Iñigo Cabacas, a través de su abogada, la que, viendo la receptividad que los distintos grupos parlamentarios habían mostrado ante su relato en la Cámara, les pidió en mayo la creación de «una comisión que investigue, verdaderamente, todos estos hechos». Fina Lizeranzu, madre de Iñigo, les rogó entonces «que se esclarezcan los hechos» y concluyó solicitando «un poco de humanidad, un poco de humanidad, no pido más que eso».
Consta en acta, antes y ahora
El acta de aquella sesión recoge que Gorka Maneiro les respondió que «efectivamente, cabe exigir y hacer todo lo posible para que se sepa qué fue exactamente lo que ocurrió aquel día y exigir, en su caso, las responsabilidades que pudieran corresponder». Nerea Llanos, dirigiéndose a la madre de Iñigo, le aseguró que había ido a «escuchar su petición de verdad y justicia, que creo que todos los grupos aquí compartimos». Mikel Unzalu mostró la disposición del PSE a tomar «todas las medidas que puedan servir para dar transparencia y esclarecer los hechos ocurridos». E Iñigo Iturrate afirmó entonces -como hizo ayer- que estos hechos constituyen «la mayor crisis de confianza de esta sociedad en su policía. Y por eso, como decía Manolo [padre del fallecido], precisamente por eso, nos exige a todos, y a los responsables públicos mucho más, un especial esfuerzo en que todo se aclare».
Pero todas esas buenas palabra se diluyeron ayer. Fue EH Bildu quien recogió la solicitud de crear una comisión de investigación y la llevó a pleno. Su portavoz, Julen Arzuaga, defendió la necesidad de complementar la investigación judicial con el desarrollo de una investigación en sede parlamentaria. Y, tras haber estudiado el auto, desgranó numerosas cuestiones que no se abordarán en el proceso penal y que exigen un esclarecimiento, delimitación de responsabilidades y la adopción de decisiones para que no vuelva a ocurrir. Sin embargo, en frente se encontró con que el resto de grupos argüían que el esclarecimiento de los hechos vendrá dado por la actuación judicial, que consideran suficiente, y que después ya se analizará si es necesario exigir otras medidas.
Especialmente vehemente se mostró Mikel Unzalu, del PSE, que por una parte criticó a EH Bildu por no haber llevado antes la propuesta a pleno y, por otra, les acusó de buscar «el ruido mediático, el beneficio político y la manipulación del dolor». Defendió «la transparencia» con la que actuó Rodolfo Ares y su Consejería, y reprochó a los proponentes buscar «la deslegitimación y desestabilización de las instituciones democráticas de Euskadi»
El portavoz jeltzale, Iñigo Iturrate, adoptó una posición similar, aunque en su caso defendió al actual Departamento de Seguridad. Y lo hizo con tanto entusiasmo que llegó a decir que, con los cambios introducidos, todos los miembros de la Brigada Móvil llevan ahora su identificación visible, lo que no es cierto, como reconoce el propio departamento. Iturrate insistió en que la vía judicial avanza y que una comisión de investigación no aportaría nada más.
Finalmente, la propuesta fue rechazada por el voto en contra de PP, PSE, PNV y UPyD.
Todas las investigaciones han ido paralelas a los tribunales
Pese a que ayer se apeló reiteradamente a la actuación de los tribunales para justificar el rechazo a la creación de una comisión de investigación, lo cierto es que todas las que se han puesto en marcha en el Parlamento de Gasteiz han ido paralelas a la labor de los juzgados. Desde la primera, sobre el fraude en la OPE de Osakidetza en los años 90, a las siguientes sobre el Guggenheim, el Museo Balenciaga, el llamado «caso Margüello» y la última, que unía el «caso Miñano» y el espionaje de la Ertzaintza.
Por tomar como referencia este último, cabe recordar, por ejemplo, que Gorka Maneiro defendió la creación de una comisión de investigación diciendo que «independientemente de lo que decidan los tribunales, este Parlamento es también soberano para investigar cualquier tipo de actuación de la Administración y de sus empleados». En el mismo sentido, desde el PP, Carmelo Barrio afirmaba que «el juez y el fiscal investigan lo que concierne a personas que supuestamente han cometido delitos», «pero este Parlamento tiene que analizar claramente lo que irregular o anómalamente han hecho la Administración y sus cargos y sus funcionarios, como responsables políticos». El PSE decía entonces que «por supuesto que a la Justicia le corresponde juzgar, sentenciar si hay o no hechos constitutivos de delito. Pero a este Parlamento le corresponde intentar conocer la verdad de los hechos y señalar responsabilidades políticas, que son dos cosas bien distintas». Hasta el PNV, en el ojo de ese huracán, presentó una enmienda que aceptaba, con condiciones, la comisión de investigación. I.I.
1. Negligencias cometidas en la aplicación de protocolos, tales como las del responsable del búnker que reconoce que no registró las tareas de reposición y precinto posterior de las bolsas de pelotas de goma, ni efectuó el registro de qué escopetas habían sido utilizadas.
2. ¿Por qué no se subsanaron las alteraciones en la asignación de armas?
3. ¿Se llevó a cabo alguna reunión de coordinación entre mandos para planificar aquel día, de la que se asegura se levantó acta?
4 ¿Se realizó una inspección ocular para determinar los daños materiales causados por la intervención y sus conclusiones?
5. ¿Qué papel jugaba en el control el consejero de Interior, el señor Rodolfo Ares. ¿Se le dio cuenta y conocía el operativo?
6. ¿Por qué concurrieron negligencias tales como que no se diese aviso de carga?
7. ¿Se realizó el tiro siguiendo el protocolo con rebote o en posición de firme? ¿Se respetaron las distancias?
8. ¿Por qué no se hizo un juicio previo de proporcionalidad?
9. ¿Qué papel tuvieron realmente los mandos policiales en la transmisión de órdenes?
10. ¿Eran estas correctas o contradictorias entre lo que unos veían en la plaza y lo que otros interpretaban o querían interpretar desde la sede policial?
11. ¿La orden obedecía ciertamente a que había un tumulto o había otros intereses previos vinculados a la entrada en aquella plaza?
12. Sería necesario concretar todo lo que tiene que ver con la cadena de mando, desde quiénes actuaban a pie de calle, pasando por quién ordenaba entrar con todo desde la sede de Deusto, hasta determinar el papel que jugó el mando superior de ésta.
13. Habría que saber por qué se detuvo el expediente interno que se abrió para determinar los hechos, qué se incluyó en él y qué no.
14. ¿Ha existido o no un pacto de silencio entre los agentes intervinientes, sus compañeros y la propia Consejería para que ese expediente no se lleve a cabo, y para que no se dé información o se dificulte la misma?
15. En el caso de que la actuación de los jefes y de los mandos policiales que emitieron las órdenes estuvieran sujetas a protocolo, sería pertinente analizar quién avaló políticamente esos protocolos, ya que, evidentemente, permiten que se produzcan tragedias como esta.
16. Sería necesario dirimir cuál es el papel que tuvieron tanto el consejero como el viceconsejero en la gestión de la crisis, su papel en la forma de difundir la información, en la confusión creada, incluso valorar la declaración pública del señor Buen posteriormente diciendo que se sentía engañado por sus subordinados
17. Sería necesario verificar si la Consejería, al aportar información errónea a este Parlamento, actuó de manera simplemente negligente o lo hizo consciente y deliberadamente.
18. Hay que analizar el porqué en la dejación en la adopción de medidas cautelares contra quienes se sabía estaban vinculado al caso.
19. Habría que verificar si, como se anunció, se realizaron modificaciones en ciertos protocolos y se adoptaron decisiones definitivas en el empleo de cierto material antidisturbios o no se hizo.
20. A otro nivel, sería oportuno verificar la actuación de la actual Consejería, sucesora en la gestión de este caso.
21. ¿Las medidas cautelares que se adoptaron apartando a seis ertzainas de sus puestos de trabajo venían marcadas por este procedimiento o, como se aseguró, tenían otra razón de ser?
22. Deberíamos analizar si cuestiones como el empleo de material antidisturbios por lanzamiento de proyectiles de goma, que se aseguró sería sustituido, se mantiene o, si por el contrario, está definitivamente y en todo caso y en toda circunstancia abolido y, en su caso, por qué material ha sido sustituido.
23. ¿Se ha puesto a disposición de los agentes acusados un servicio externo de reconocidos penalistas a cargo de la Consejería, lo que genera un agravio con los gastos que la causa supone a la familia?
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