La denuncia presentada en los juzgados por Eusko Alkartasuna señala que los agentes de la Guardia Civil que el pasado 30 de setiembre asaltaron su sede de Bilbo, durante la operación ordenada por la Audiencia Nacional española contra Herrira, incurrieron en los delitos de daños, allanamiento de morada, detención ilegal y contra la inviolabilidad domiciliaria.

En el escrito registrado ayer en el Juzgado de Guardia de la capital vizcaina, la formación abertzale reproduce los hechos ocurridos hacia las 10.30, cuando «cinco o seis efectivos de la Guardia Civil, de paisano pero con petos amarillos identificativos y portando armas cortas y largas, irrumpieron tras forzar la puerta de la sede», sita en el tercer piso del número 2 del Arenal, justo encima de la sede de Herrira.

El relato continúa precisando que entraron «forzando la puerta, contra la voluntad de las personas que estaban allí, registraron la sede sin orden judicial, sin presencia de testigos y sin que estuviera delante la secretaria judicial, cuya presencia fue requerida infructuosamente».

Subraya, asimismo, que la sede «está perfectamente identificada con logotipos de color rojo, blando y verde», y especifica que la identificación es visible en la puerta de entrada al edificio, en el portero automático, en el panel con el directorio de las oficinas del inmueble, en el descansillo y en la puerta del tercer piso, lo que hace prácticamente imposible la confusión de todo un grupo de efectivos del instituto armado.

«No fue por error»

En declaraciones a los periodistas a la entrada del juzgado, Pello Urizar manifestó que la irrupción de la Guardia Civil no fue «un error», sino algo planificado en el contexto de la redada contra Herrira, para lanzar el mensaje de que Eusko Alkartasuna, en tanto que integrante de la coalición EH Bildu, está también controlada por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La otra cuestión en la que incide la denuncia es el trato recibido por los tres trabajadores que se encontraban en la sede en ese momento, retenidos contra su voluntad durante varias horas pese a estar identificados. Fue a las 13.40 cuando se permitió salir a la calle a uno de ellos.

De los hechos relatados se desprende que, aun advertidos de que la sede en la que se encontraban era la de Eusko Alkartasuna y pese a las repetidas peticiones de que se les mostrara una orden judicial, la Guardia Civil interrogó sobre las labores desarrolladas por sus trabajadores y registró sin autorización las dependencias de un partido político hasta que -según hicieron constar los testigos- alguien comunicó «a través del pinganillo» al guardia civil que parecía al mando del operativo que se trasladaran al piso de abajo.

A los empleados de EA se les conminó entonces a no abandonar las instalaciones del partido y tampoco se les permitió asistir como testigos al registro de la sede de Herrira.

«La entrada ilegal que realizó la Guardia Civil la recogemos como advertencia del Estado de que, aunque se utilicen las vías políticas y democráticas, están encima de nosotros como un gran hermano, y no va a ser sencilla ni tranquila la travesía hasta ese objetivo, que entendemos legítimo, de la independencia de Euskal Herria». Esta es la reflexión que trasladó ayer a la opinión pública el secretario general de EA a través de los medios de comunicación, tal como la recogió Europa Press.