Representantes del Gobierno español y de Lakua mantuvieron ayer en Madrid una reunión para abordar el estado de las obras del Tren de Alta Velocidad, cuyo ritmo no es el que los responsables del Ejecutivo autonómico desearían. Por este motivo, el viceconsejero de Transportes, Antonio Aiz, impelió a su interlocutor del Ministerio de Fomento a que acometa «cuanto antes» algunos de los trabajos considerados fundamentales para el proyecto, como es el nudo de Bergara-Elorrio. La merma de fondos a causa de la crisis ha ralentizado el avance en los tramos adjudicados a Madrid, y en esta tesitura el Gabinete de Iñigo Urkullu ha propuesto incluso adelantar la financiación y recuperar luego las cantidades que le correspondan a través del Cupo.

Esta opción, no muy diferente de la fórmula ideada en Nafarroa, profundizaría en el disparate que rodea desde sus inicios a esta infraestructura, y acentuaría el estrangulamiento que sufren las arcas vascas, que a pesar del innecesario alarde no se encuentran boyantes. No es fácil entender qué motivos empujan a un gobierno a adelantar cientos de millones de euros para dar velocidad a un proyecto ferroviario mientras se ejecutan recortes en ámbitos donde ese dinero sí es realmente necesario. O precisamente sea la sencillez de la respuesta a esa pregunta lo más escandaloso en este asunto.

Ocurre, además, que frente al anzuelo de que la «Y vasca» constituiría un eslabón de una larga vía intercontinental, la realidad es que durante al menos un par de décadas no va a tener conexión por el norte, si es que alguna vez la tiene, mientras que por el sur la rectificación realizada ayer por el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, es insuficiente para contrarrestar la certeza de que no habrá alta velocidad más allá de Gasteiz. De hecho, no habrá alta velocidad en territorio vasco, pues aunque concluyan las obras ni la distancia ni las características del trayecto permitirían a las máquinas del TAV alcanzar su máxima potencia en esa pequeña isla de raíles que algunos quieren levantar a precio de oro.

Quienes gobiernan en Gasteiz e Iruñea se han empecinado en que este país sea el más pequeño en contar con una línea de «alta velocidad», que será también la más cara y cuya construcción, con el dinero de todos, no ha sido sometida al debate y la ratificación de la ciudadanía.