Arantxa MANTEROLA BAIONA
CARTA DE LENGUAS MINORIZADAS

Ayrault toma la iniciativa y abre una puerta a ratificar la Eurocarta

El anuncio del primer ministro francés de incluir en el debate de la Asamblea Nacional una propuesta de ley constitucional para abrir la vía a la ratificación de la Carta de Lenguas Minorizadas ha creado sorpresa. El procedimiento legislativo se prevé complejo, pero tendría la virtualidad de plantear el debate entre los parlamentarios y conocer así el apoyo que concita. Los agentes que trabajan a favor de las lenguas se muestran prudentes en cuanto a su plasmación.

El Gobierno de París va a abordar la ratificación de la Carta de las Lenguas Minorizadas, una de las promesas electorales del presidente François Hollande que lleva meses esperando en un cajón tras la advertencia del Consejo de Estado, que recomendó al Ejecutivo no adentrarse en esas aguas, ya que chocarían irremediablemente con el veto constitucional.

A pesar de ello, y empujado por las presiones de los movimientos que trabajan en defensa de las lenguas minorizadas del Estado francés, por electos de los territorios afectados e incluso por instancias europeas y la Unesco, parece que el Gobierno intentará alguna estrategia legislativa para, por fin, ratificar la Carta.

El propio primer ministro, Jean-Marc Ayrault, anunció el viernes en la ciudad bretona de Quimper que iba a inscribir en el orden del día de la Asamblea Nacional como tema prioritario una proposición de ley constitucional que el grupo socialista registró el 10 de diciembre.

El debate de la proposición, que ha sido apoyada entre otros por las diputadas vascas Sylviane Alaux y Colette Capdevielle, podría darse dentro de un mes, hacia el 20 ó el 22 de enero, concretamente.

Vía compleja

El procedimiento legislativo es bastante complejo. Si hubiera sido el propio Gobierno quien depositase un proyecto de ley constitucional, este debería ser aprobado por los tres quintos del Congreso. Para que intenta soslayarlo, a que es probable que no obtuviese ese refrendo obligatorio por parte de los senadores y diputados, que deciden conjuntamente en la citada instancia parlamentaria.

En cambio, la propuesta de ley llevaría un recorrido normal en los dos hemiciclos (Asamblea Nacional y Senado), es decir, solo necesitaría ser aprobado por mayoría simple, algo que tampoco está garantizado. Eso sí, si la propuesta superase ese trámite, debería a continuación ser ratificada por referéndum popular, algo que sería sumamente arriesgado pues podría convertirse en un plebiscito anti-Hollande en un momento en el que tanto él como su gobierno conocen una cuota de popularidad bajísima.

La idea de la proposición de ley surgió en julio pasado de un grupo de 30 diputados bretones, encabezados por Jean-Jacques Urvoas, presidente de la Comisión de Leyes. Su primer objetivo era «presionar» al Gobierno para que abordase la cuestión.

Sin embargo el texto suscitó sus más y sus menos. De hecho, ayer mismo Euskal Konfederazioa alertaba del peligro de determinadas partes del documento: «En setiembre EBLUL (oficina europea para las lenguas menos extendidas) ya pidió que revisara el artículo 53.3, en cuya redacción indica que el francés será la lengua obligatoria en las relaciones con la Administración, y no ha sido tenido en cuenta».

Cautela

El organismo euskaltzale recuerda que lo que se necesita es la «igualdad de las lenguas» y que con redacciones de este tipo existe el riesgo de encorsetar aún mas la utilización de las lenguas minorizadas.

Otros agentes y electos que impulsan la ratificación de la Carta han reaccionado con prudencia. Si bien consideran positivo que se retome la cuestión, se muestran cautos en cuanto al recorrido legislativo y a la plasmación práctica que finalmente pueda tener la iniciativa.