GARA BILBO
BRUSELAS INVESTIGA A LA LIGA

Las instituciones de San Mames Barria reiteran estar «tranquilas»

Gobierno de Lakua, Diputación y Athletic, parte de la sociedad pública que paga el nuevo estadio de San Mamés, afirman que su actuación en la construcción del recinto deportivo es respetuosa con la legislación europea sobre libre competencia. Explican, además, que el campo es una infraestructura deportiva «abierta y al servicio» de la ciudadanía.

Las instituciones vascas implicadas en San Mames Barria mostraron ayer su tranquilidad después de que la Comisión Europea (CE) anunciara el lunes que investigará a la sociedad pública vizcaina al intuir que pudieron haber irregularidades en la construcción del nuevo estadio. La investigación también está encaminada al régimen fiscal, ya que tanto Athletic como Osasuna, entre otros, podrían haberse beneficiado al tratarse de clubes deportivos y no de sociedades anónimas deportivas.

Una de las instituciones en posicionarse fue la Diputación de Bizkaia. El portavoz foral, Unai Rementeria, señaló que la entidad está «muy tranquila» en torno a la apertura de expedientes sancionadores al club rojiblanco por parte de la CE, y explicó que la Diputación no ha dado «ningún tipo de ayudas o subvenciones a nadie» para levantar el nuevo estadio.

En ese sentido, explicó que el campo es propiedad de la Sociedad San Mames Barria, constituida por el Gobierno de Lakua, Diputación vizcaina y Kutxabank -entre las tres aportan en torno a 50 millones de euros-, además del Ayuntamiento de Bilbo -11 millones en el precio de las licencias municipales- y el Athletic -con unos 40 millones, incluidos los terrenos donde estaba la antigua Catedral-.

Por su parte, el Gobierno de Lakua, mediante su portavoz, Josu Erkoreka, aseguró que su participación «cuenta con toda la cobertura jurídica del mundo» y que es un ejemplo «modélico de colaboración interinstitucional y, al mismo tiempo, de colaboración público-privada».

De este modo, recalcó que el nuevo estadio «no es solo un campo de fútbol, sino una infraestructura deportiva que ofrecerá un servicio público abierto al conjunto de la ciudadanía».

Lo cierto es que el nuevo San Mamés aún no ha ofrecido ningún servicio público desde que abriera sus puertas. El presidente del Athletic, Josu Urrutia, lo achacó a que aún no han recibido la petición de la Diputación para que el conjunto rojiblanco establezca una jornada de puertas abiertas en el estadio e indicó que lo tendrá que resolver el ente foral de manera unánime.

El máximo mandatario rojiblanco reconoció ayer en Ibaigane que Bruselas ha pedido explicaciones a las entidades que participan en San Mames Barria y que estas ya han enviado toda la información requerida.

Respecto al estatus fiscal, Urrutia reiteró que «actuamos históricamente conforme a la ley. Eso lo puede corroborar cualquier institución. No me he planteado una reconversión en sociedad anónima. Este club es un modelo de gestión de los socios, y si esto estuviera en cuestión pelearíamos para que siga siendo de ellos».

Partidos políticos

El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, pidió que «se despejen dudas y se aporte información» sobre este caso, mientras que el portavoz de UPyD en el Parlamento de Gasteiz, Gorka Maneiro, cuestionó las aportaciones públicas a San Mames Barria y consideró «inaceptable» que se financie un campo de fútbol mientras se recortan servicios públicos.

La portavoz del PSE, Idoia Mendia, recalcó que fue el Gobierno de Patxi López el que insistió y consiguió que el nuevo San Mamés tuviera también usos públicos, y que esa utilidad pública puede ser ahora «la vía de escape para no ser acusado de competencia desleal con otros equipos» de fútbol.

Archanco: «No ha habido ningún tipo de ilegalidad»

Al igual que lo hizo la víspera, el presidente de Osasuna, Miguel Archanco, volvió a reiterar ayer a la agencia Efe que el club rojillo no ha entrado en «ningún tipo de ilegalidad. Nosotros ni hemos sido ayudados, ni hemos sido subvencionados. Nos hemos acogido a un régimen societario que la ley nos posibilitaba», aseguró.

Asimismo, añadió que han pagado el régimen fiscal «que se nos ha aplicado» y ha recordado que el club está acogido a la ley estatal del deporte de 1990, que posibilitó que el régimen jurídico fuera el de una sociedad sin ánimo de lucro, por lo tanto un club. Osasuna tenía entonces una economía «completamente saneada» y se acogió a esa situación, enfatizó.

A su juicio, el análisis de las diferencias fiscales con las sociedades anónimas deportivas es una valoración que «deberá hacer el Estado y la Hacienda foral», un asunto en el que «nosotros somos ajenos». Si el expediente sigue adelante y hay una diferencia fiscal, «nos la aplicarán y la tendremos que abonar», señaló el presidente rojillo, pero piensa que el club no ha hecho competencia desleal dada su entidad jurídica. GARA