La diputada de la Hacienda foral de Gipuzkoa, Helena Franco, y la portavoz del grupo juntero de Bizkaia, Irune Soto, explicaron ayer en una charla en la sede de las Juntas Generales de Bizkaia la importancia de disponer de «un sistema fiscal justo».

Franco remarcó a la entrada de la conferencia que «es falso que exista un solo modelo fiscal», ante lo que advirtió que desde EH Bildu lo que proponemos es «un modelo para una sociedad cohesionada, que reduzca la conflictividad social y que permita disponer de un sector público fuerte que compense la situación que se produce en el mercado que, al final, es el gran capital internacional y el causante de la situación que estamos viviendo».

La diputada foral del equipo de Martin Garitano indicó que EH Bildu «ya está implantando otra dirección en política social y está resultando fructífero. Estamos obteniendo muy buenos resultados y creemos que esa es la vía a seguir», insistió.

En este sentido, afirmó que «el pacto entre PNV, PSE y PP quiere detener ese avance que hemos impulsado porque los sectores económicos más poderosos de Euskal Herria han visto amenazados sus privilegios, pero estamos convencidos de que el pacto va a fracasar, porque la sociedad ya sabe que el modelo fiscal de EH Bildu es un modelo que no privilegia a una minoría social, sino que favorece el interés de la gran mayoría de la sociedad». Por su parte, Irune Soto destacó que en Bizkaia se concentra la riqueza y los grandes empresarios. «No es casualidad que tengamos un sistema fiscal regresivo que, precisamente, favorece a esos sectores», añadió.

A su juicio, «el pacto fiscal firmado por PNV, PSE y PP mantiene los beneficios para la minoría social con rentas más altas y para las empresas con grandes beneficios». También explicó que es en Bizkaia «donde hay un mayor fraude fiscal, y está claro que no son suficientes las medidas impulsadas por la Diputación».

Por este motivo criticó que el Gobierno foral de José Luis Bilbao (PNV) «niega y rechaza la transmisión de datos entre las Haciendas vascas y la realización de un censo de contribuyentes de alto riesgo de fraude, que es necesario».