ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, CNT y CGT-LKN y representantes de medio centenar de colectivos sociales realizaron ayer sendas protestas ante los parlamentos de Gasteiz e Iruñea, en protesta por la reforma de las pensiones más dura de los últimos treinta años. En Gasteiz una cadena humana rodeó la sede parlamentaria y en Iruñea se concentraron ante las puertas de acceso.

Con estasiniciativas, la mayoría sindical y social vasca quiso dar un toque de atención a los legisladores para que adopten medidas para proteger a los ciudadanos vascos del «empobrecimiento» que acarreará la reforma del sistema de pensiones impulsada por el Gobierno español, que hoy se aprueba en el Congreso.

ELA pidió «un cambio radical» del modelo fiscal para sostener estas prestaciones, mientras que LAB ha propuesto que los presupuestos vascos «incluyan partidas para garantizar que ninguna pensión sea inferior a los 1.000 euros».

Los máximos responsables de estas organizaciones, Adolfo Muñoz (ELA) y Ainhoa Etxaide (LAB), estuvieron presentes ante la Cámara de Gasteiz. Ambos rechazaron las medidas de recorte que llegan desde Madrid, porque esa reforma implica que los pensionistas podrían perder poder adquisitivo en los años en los que la evolución de la economía sea negativa. La secretaria general de LAB afirmó que la reforma impulsada por el Ejecutivo español «no pretende garantizar el futuro de las pensiones públicas, sino destruir este sistema para potenciar las pensiones privadas».

Para Etxaide, esta reforma se hace a demanda expresa de las entidades financieras y aseguradoras que hacen negocio con las pensiones privadas, «con el fin de obligar a los ciudadanos a contratar pensiones privadas, para garantizar sus beneficios económicos». En opinión de la dirigente de LAB, la reforma del Gobierno de Rajoy «condenará a la pobreza a las personas que viven de estas prestaciones». Por ello, junto al resto de centrales sindicales y organizaciones sociales, pidió a los gobiernos y parlamentos autonómicos, que adopten medidas directas frente a estos cambios para compensar a los ciudadanos vascos de esa pérdida de ingresos en sus pensiones, en la actualidad y en el futuro inmediato.

Para LAB, los Presupuestos de 2014 de la CAV deberían de incluir partidas destinadas a compensar a los beneficiarios de las pensiones más bajas, «para que ninguna de estas prestaciones sea inferior a mil euros mensuales». También propuso la creación de un sistema vasco de pensiones públicas, con el fin de que el modelo sea gestionado desde Hego Euskal Herria.

Adolfo Muñoz, por su parte, insistió en que la nueva normativa que se aprobará en el Congreso español «pretende satisfacer a los intereses de las empresas que pretenden convertir las pensiones en un negocio». El secretario general de ELA se mostró preocupado «por el nivel de empobrecimiento social a que abocan con esta nueva reforma a los perceptores de las pensiones» y, por otro lado, «el difícil futuro que dejan a la población para tener pensiones públicas dignas».

Muñoz lamentó, al mismo tiempo, que las administraciones vascas actúen en este tema «como si no pasara nada», por lo que defendió la necesidad de modificar «de forma radical» el modelo fiscal vasco, para «garantizar el sostenimiento de un sistema público de pensiones digno», entre otras decisiones.