Después de un año que había comenzado con expectativas bastante positivas en lo que respecta al reconocimiento institucional de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa, puede decirse es que la palabra que resume el sentimiento mayoritario de los agentes políticos y sociales de toda tendencia es «frustración».

El que París dijera (por fin) claramente que no habrá Colectividad Territorial Específica para Ipar Euskal Herria, resulta inexplicable para algunos mientras que otros lo enmarcan en las habituales negativas, pero todos lo han percibido como el máximo signo de cerrazón por parte de un Gobierno, y del partido que lo regenta (PS), del que se esperaba más receptividad que la mostrada por la derecha.

Esta negativa no ha sido el único bofetón de París hacia las demandas y cuestiones más candentes del panorama político y social de esta parte del país. Ahí está el pulso que mantiene con Seaska en relación con los proyectos de implantación de nuevas ikastolas o la escasa energía mostrada a la hora de cumplir ciertas promesas electorales como la de la ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Minorizadas.

La reorganización territorial de las circunscripciones cantonales ha sido otro de los puntos de fricción. La filtración, en otoño, de las intenciones de desfigurar el mapa territorial de Ipar Euskal Herria con la creación de un cantón vasco-bearnés encendía el enojo de muchos electos, ya que los cantones son el único nivel político-institucional en el que se refleja el territorio histórico de los tres herrialdes.

Es más, los cantones constituyen el ámbito de actuación del Consejo de Electos y del Consejo de Desarrollo, estructuras que preparan los Convenios Específicos concertados directamente con el Estado y que han sido el catalizador y promotor principal de la reivindicación de una Colectividad Territorial Específica, junto a otros movimientos como la plataforma Batera.

En cuanto al proceso de resolución del conflicto, la cerrazón de París a abordarlo en tanto en cuanto es parte del mismo sigue siendo patente. La respuesta dada al planteamiento del Colectivo de Exiliados Políticos Vascos con la detención de varios refugiados -entre ellos, Jokin Aranalde, uno de sus portavoces-, así como las descomunales condenas de los tribunales especiales son reflejo de su total alineación con la estrategia represiva de Madrid.

No obstante, al final del año se han percibido ciertos cambios de actitud por parte del Gobierno de Hollande, como si buscara serenar los encrespados ánimos. Así, el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, anunciaba una iniciativa parlamentaria para intentar medir las posibles adhesiones, incluso entre los senadores y diputados de su propio campo, con vistas a la ratificación de la Eurocarta de las Lenguas Minorizadas.

Unas semanas antes, el propio Ayrault se dignaba a responder oficialmente a la interpelación de Jean-Jacques Lasserre y Jean-Baptiste Etcheto, presidentes del Consejo de Electos y del Consejo de Desarrollo, sobre la propuesta de institucionalización y la elaboración de un nuevo Convenio Territorial para el periodo 2014-2020. Es más, les invitaba a contactar con uno de los asesores de su gabinete, con el que se reunieron en París el 18 de diciembre.

Si bien el comunicado de estos no ofrecía muchos detalles sobre lo tratado, sí afirmaba que habían acordado que «la reflexión sobre la evolución institucional» continuaría tras las elecciones municipales, lo que era valorado por los dos representantes vascos como un inicio de «diálogo tanto para llevar a buen término el nuevo Convenio Territorial como para reflexionar sobre la organización futura del País Vasco».

Por su parte, el subprefecto de Baiona, Patrick Dallennes, sorprendía con el anuncio de una posible solución para el entuerto legal que él mismo desencadenó doce meses antes con las advertencias de ilegalidad del proyecto de la nueva ikastola de Hendaia, primero, y la de Beskoitze, más tarde.

Y antes de acabar el año también ha trascendido que, finalmente, la nueva reorganización de los cantones respetará el territorio histórico vasco.

¿Por qué surgen en las últimas semanas estos signos que se contradicen con la actitud involucionista mostrada por París respecto a las cuestiones más sensibles de Ipar Euskal Herria durante todo el año? Se habla de que Ayrault estaría retomando las riendas del Gobierno; es decir, lo que en realidad le corresponde hacer como primer ministro, pero cuya función parecía más bien haber sido usurpada por Manuel Valls, a la sazón ministro de Interior.

La otra pregunta que se impone es: ¿por qué ahora? Esta respuesta parece obvia: las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina (tendrán lugar el 23 y el 30 de marzo) y un par de meses después llegarán las europeas. Por tanto, conviene aplacar los ánimos e intentar crear un clima político más propicio para que los últimos éxitos electorales del PS, también en Ipar Euskal Herria, no se evaporen en unos comicios en los que todas estas cuestiones estarán muy presentes.

Otra cosa es que estos repentinos «parcheos» surtan efecto en una ciudadanía cuyas esperanzas han sido frustradas más de una vez tanto por la derecha como por la llamada izquierda.