La unidad de PNV y EH Bildu en las masiva movilización del sábado en Bilbo mantiene encendidas algunas alarmas en el unionismo. Mientras el PSE reparte críticas entre jeltzales y el Gobierno español, el PP trata de reconducir sus palabras gruesas de estos días con una acción conciliadora de Arantza Quiroga, que intenta aparentar un papel de intermediaria entre el lehendakari Iñigo Urkullu y el inquilino de la Moncloa, Mariano Rajoy, para el que carece de reconocimiento y credenciales.

Las críticas de PSE, PP no han hecho mella ni en el PNV ni en el Gobierno de Lakua, cuyo portavoz, Josu Erkoreka, sostiene estos días un discurso exigente ante Madrid desconocido durante todo el mandato del actual Ejecutivo autonómico. También Joseba Egibar insistió ayer en acusar al Gabinete de Rajoy de «actuar de manera irresponsable».

«Manifestación positiva»

Lo primero que llama la atención es que el Gobierno de Lakua hubiera anunciado ya que en su reunión de ayer iba a analizar la «excepcional situación» creada la pasada semana «por las actuaciones judiciales y policiales» y la respuesta política y social que se les dio.

Sin esperar siquiera a las preguntas de los periodistas, el portavoz, Josu Erkoreka, destacó que el Ejecutivo «valora positivamente que finalmente pudiera celebrarse una movilización y que esta se organizara en defensa de los derechos humanos el acuerdo y la paz».

Destacó que decenas de miles de personas respondieran a la prohibición de una convocatoria que se había celebrado con normalidad en años anteriores. El Gobierno sostiene que «no tenemos duda de que la manifestación fue tan numerosa porque una gran mayoría de la sociedad vasca está dispuesta a impedir que se frustre la oportunidad de la paz y la convivencia de la que nos encontramos».

Lakua reclama «que se materialice de forma inmediata el desarme de ETA» y «urge que se desarrolle una nueva política de Estado, incluyendo una política penitenciaria acorde a los tiempos que vivimos».

Erkoreka señaló que el Gobierno desarrollará los 18 puntos de su Plan de Paz y Convivencia y defendió que se trabaje en la ponencia parlamentaria. Reiteró que «es el momento de los grandes acuerdos» entre todas las grandes sensibilidad políticas del país.

«Prácticas no homologables»

Después de que el juez enviara a prisión a los ocho detenidos en la operación que la pasada semana el Gobierno definió como «paso atrás», ayer le preguntaron a Josu Erkoreka si mantenía el calificativo. El portavoz respondió que dicha valoración «no ha variado un ápice».

A renglón seguido ahondó en la materia. El Ejecutivo autonómico sostiene que «una vez más es necesario lamentar el hecho de que se haya impuesto una idea en torno a la estrategia antiterrorista que considera que actividades estrictamente pacíficas y democráticas pueden ser calificadas de terroristas». Denuncia también que a partir del «todo es ETA», «todo puede desembocar en una detención o en una prisión decretada por pertenecer a banda armada, aunque quien padezca esta situación nunca haya participado ni directa ni indirectamente en una operación armada. Este planteamiento genera una serie de situaciones y desemboca en unos escenario que no son homologables desde el punto de vista democrático».

Reunión sin fecha

Según explicó el portavoz del Ejecutivo, la reunión solicitada por el lehendakari a Mariano Rajoy sigue sin fecha. En el encuentro, Iñigo Urkullu volverá a pedir una nueva política de Estado para la paz, que tome en cuenta la nueva situación tras adiós a las armas de ETA y acomode la política penitenciar a la nueva situación.

Ayer transcendió que la presidenta del PP de la CAV, Arantza Quiroga, pretende entrevistarse tanto con Urkullu como con Rajoy antes de ese encuentro. Sin dejar de lado las críticas a los jeltzales, desde el PP apuntan ahora la necesidad de apaciguar los ánimos y volver a consensos entre PNV, PSE y PP, para evitar entregar a la izquierda abertzale la dirección de la agenda política vasca.

Lakua respeta las relaciones internas del PP, pero recuerda que la interlocución del lehendakari con el presidente del Gobierno español no precisa de intermediarios.

Presidencia del Parlamento

El PSE, por su parte, abrió ayer un nuevo frente de críticas, al remitir un escrito a la presidenta del Parlamento de Gasteiz, Bakartxo Tejería, para afearle su presencia en al manifestación del sábado. Según explicó José Antonio Pastor, la presidenta no debe acudir a movilizaciones partidistas, sino a las institucionales y «transversales».

La Presidencia de la Cámara respondió que «nos encontramos en un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo que entre todos tenemos que consolidar. Es responsabilidad nuestra impulsar el proceso de paz que está en marcha y el Parlamento Vasco tiene un papel muy relevante que jugar en la consolidación de dicho proceso». A su entender, el lema de la manifestación reflejaba fielmente las bases sobre las que debe construirse la futura convivencia.

Por otra parte, la Diputación de Gipuzkoa pidió ayer la «pronta excarcelación» de los ocho detenidos por integrar el grupo de interlocución del EPPK y exigió al Gobierno español que «haga caso de los requerimientos» planteados el sábado por la sociedad vasca.