El Parlament ha pedido al Congreso español el traspaso de la competencia para convocar referéndums, gracias al voto de una amplia mayoría de la Cámara y con la mirada puesta en la consulta de noviembre. Desde los grupos proponentes se ha presentado la iniciativa como una última oportunidad para que el Estado encare el proceso soberanista desde unos cauces racionales, poniendo de relieve el eco internacional que tendría una negativa a que la sociedad catalana pueda expresarse democráticamente.

Lo cierto es que el más que probable rechazo a la petición abocará a ambas partes a un inevitable choque y, en este contexto, si es lógica la propuesta, es igualmente entendible la postura de los representantes de la CUP, cuya abstención pretende reafirmar la legitimidad de las instituciones catalanas para convocar un referéndum sin necesidad de pedir permiso a Madrid y destacar lo baldío del viaje, algo en lo que seguramente coincidirán con quienes ayer votaron afirmativamente. Se trata, en todo caso, de una cuestión menor desde la perspectiva global del proceso soberanista, que cuenta con el compromiso de quienes hace un mes comparecieron conjuntamente en el Palau de la Generalitat.

No hay desavenencias de calado entre los grupos que pactaron la doble pregunta. Sí las hay, por contra, en el seno del PSC, que parece decidido a hipotecar su futuro por su sometimiento a los intereses del PSOE. Tres diputados decidieron desmarcarse de la posición oficial -además, el alcalde de Lleida ha renunciado a su escaño y se han producido dimisiones en la Ejecutiva- y votaron afirmativamente a la propuesta «en conciencia» y por fidelidad a su programa. Entienden que si esta iniciativa es la última oportunidad que Catalunya le da a Madrid antes de romper amarras, la votación era la última oportunidad para un partido que hace nada estaba gobernando y que va camino de ser irrelevante. Una ocasión perdida, pues Pere Navarro ha decidido sacrificar a su partido en el altar de Pérez Rubalcaba.