El macrojuicio contra 36 jóvenes independentistas llega a su recta final con la presentación de los informes finales de las acusaciones y las defensas. Un proceso que se ha caracterizado, en gran parte, por la denuncia de las torturas sufridas por la práctica totalidad de los acusados, a las que el propio tribunal ha dado cierta credibilidad al eximir a los jóvenes de la obligación de permanecer en la sala mientras declaraban los policías que los detuvieron.

«Es obvio que las declaraciones policiales no son medio de prueba», avanzó ayer el propio fiscal, Luis Barroso, al iniciar la presentación de su informe acusatorio. Una «obviedad» que no se correspondió con su alocución posterior, ya que el fiscal de la Audiencia Nacional basó gran parte de su argumentario contra los jóvenes procesados precisamente en las declaraciones realizadas durante el periodo de incomunicación.

La matización de Barroso se debe quizás a que este tribunal ya le recordó durante el juicio que las declaraciones policiales carecen de valor probatorio, y a que esta misma Sala ha mostrado la misma actitud en sentencias como la de los jóvenes de Oarsoaldea, en enero de 2012, o en el caso de varios navarros en junio de ese mismo año.

Aun y todo, al mismo tiempo, y alegando que «no ha habido ninguna investigación eficaz en torno a estas denuncias» (es decir, no hay condenas), el fiscal trató de restar credibilidad a las denuncias de torturas y utilizó las autoinculpaciones de los procesados y las inculpaciones a terceros como medios de prueba. Cabe recordar que la mayoría de los procesados negó la declaración y denunció torturas primero ante el juez instructor, Fernando Grande-Marlaska, y después en el juicio oral.

El fiscal dibujó un marco en el que la tortura dejaba de ser un hecho denunciable en sí mismo para presentarlo como mero elemento de defensa. Así, en los casos en los que no hubo autoinculpaciones -por ejemplo en el de Mikel Totorika, que no realizó declaración alguna en la incomunicación-, Barroso dijo que carecía de sentido denunciar la tortura. En cambio, en los casos que sí hubo autoinculpaciones, el fiscal se escudó en la ausencia de «investigación eficaz» sobre la denuncia.

Protocolo de Estambul

Durante la fase pericial del proceso, varias expertas sicólogas han presentado diez informes en base al Protocolo de Estambul homologado por la ONU. En él se detalla que una persona que ha sido sometida a malos tratos queda indefensa incluso horas después de salir del periodo de incomunicación. Con ello la defensa trata de quitar valor probatorio a la ratificación de las declaraciones autoinculpatorias ante el juez instructor.

El fiscal otorgó veracidad al protocolo cuando se refería a él en términos generales, pero lo obvió al centrarse en referencias concretas. Es el caso de Xabier De la Maza, quien ratificó en su día su autoinculpación ante Grande-Marlaska a consecuencia de las torturas sufridas durante la incomunicación, según explicó. Barroso llegó a decir que «si usted mismo afirma ser militante de Segi, no seré yo quien le contradiga».

En algunos de los casos la Fiscalía no ha podido utilizar las declaraciones en incomunicación para inculpar a los procesados. El fiscal hizo referencia a ello al tratar los casos de los detenidos en Ipar Euskal Herria. «La incidencia de este caso ha imposibilitado la existencia de declaración policial», dijo Barroso en alusión a la ausencia de incomunicación al ser detenidos por la Policía francesa, por lo que no realizaron declaración policial ni judicial. Nadie los forzó a ello, al contrario que a los detenidos al sur del Bidasoa.

Tras basar la mayor parte de su exposición oral en las declaraciones incomunicadas, y aunque resulte contradictorio, Barroso repitió la idea de que «no son medios de prueba». Así, afirmó que «habrá que basarse en los efectos» incautados durante los registros. La Policía y la Guardia Civil registraron durante la llamada «Operación Garbi» de 2009, además de los domicilios de los detenidos, todo tipo de locales y bares a los que tenían acceso. El informe de conclusiones de la Fiscalía no muestra ningún elemento que pueda ayudar a ratificar que, en efecto, lo incautado allí pertenezca a los procesados.

«Desdoblados de Segi»

La segunda gran línea argumental de la Fiscalía es la actividad pública llevada a cabo por los procesados. La desgranó la acusación al referirse a Ainara Bakedano. Le acusó, junto a Gaizka Likona y Ion Telleria, de ser «dinamizadora pública de la actividad de `gazte independentistak'», una organización que, según la Fiscalía, llevaba a cabo las dinámicas que «tradicionalmente» habían realizado Jarrai, Haika y Segi (citó, entre otras, el Gazte Topagunea).

Barroso esgrimió la teoría del desdoblamiento, según la cual, Segi introducía a sus militantes en diferentes organizaciones políticas para «instrumentalizarlas». Acusó a Jon Ziriza de ser un infiltrado de Segi en la asamblea juvenil de Barañain o al donostiarra Mikel Eskiroz de ocupar la misma tarea en Ikasle Abertzaleak (todo apunta a que durante la sesión de hoy repetirá argumentos en el caso de otra decena de organizaciones juveniles o sociales).

Con Asier Coloma fue más allá, ya que acusa a este joven donostiarra de ser un militante de Ekin desdoblado en Segi. En este caso, Luis Barroso compuso una frase rocambolesca en la que hablaba de «desdoblados de Segi que cumplían tareas bajo órdenes de Ekin» y afirmó que Coloma «realizaba tareas de comisario» en la dirección de Segi.