Al contrario que en otros países del Cono Sur, en Paraguay nunca hubo una ley de amnistía, al tiempo que los abusos están muy bien documentados gracias a más de 2.000 testimonios y a tres toneladas de archivos oficiales que detallan violaciones de los derechos humanos en su territorio y en naciones vecinas. Aun así, mientras en Argentina y Chile hay investigaciones activas sobre delitos durante sus respectivas dictaduras, en Paraguay los procesos están parados desde hace décadas.

Uno de ellos lo inició Martín Almada con una demanda que interpuso en mayo de 1989, pocos meses después de la salida de Alfredo Stroessner el 3 de febrero del mismo año por un golpe de Estado orquestado por su consuegro, lo que puso fin a casi 35 años de gobierno, el más longevo de la historia de América Latina. Almada fue detenido por «terrorista» por un estudio que escribió sobre educación y su esposa murió de un ataque al corazón tras escuchar por teléfono cómo lo torturaban y recibir su ropa ensangrentada.

«Mi demanda sigue durmiendo. Stroessner no se fue, quedó el sistema», afirma Almada, liberado por presión internacional y que actualmente dirige la fundación Celestina Pérez de Almada, bautizada en honor a su esposa fallecida y dedicada a recordar lo que ocurrió.

«Hay sectores interesados en que no haya memoria, en los medios de comunicación, la política y las empresa», subraya Juan Rivarola, asesor jurídico de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de Paraguay, entidad sucesora de la Comisión de Verdad y Justicia (CJV). «Gran parte de las fortunas de este país fueron acumuladas en la época de Stroessner, gracias al favoritismo político y a negocios ilegales», añade.

Al contrario que en otros países del Cono Sur, en Paraguay sigue gobernando el Partido Colorado, conservador, que fue uno de los pilares del régimen militar al convertirse en un mecanismo de control político cuyos tentáculos llegaban hasta la última esquina del país, según el historiador Andrew Nickson. En 1986 tenía oficialmente 1,3 millones de miembros, de un total de 1,4 millones de votantes.

El control era tal que los torturadores no ocultaban el rostro y los funcionarios del régimen dejaban registros en papel de sus violaciones a los derechos humanos, muchos de los cuales formaron los llamados «Archivos del Terror», encontrados por Almada en 1992. La CJV comprobó la existencia de 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos, la gran mayoría víctimas de torturas.