Bildu, Aralar, ELA, LAB y UGT acusaron ayer al Consejo Vasco de la Competencia de estar en contra de «unas condiciones de trabajo dignas en la obra pública de Gipuzkoa» por recurrir la norma que obliga a las empresas contratadas por el ente foral y a sus subcontratas a cumplir con el convenio provincial.

Estas organizaciones aseguran que no pretenden interferir en el litigio jurídico, pero sí «marcar posición respecto a la situación laboral de los trabajadores que, con dinero público, realizan su labor en el mencionado sector».

«Reprobamos el posicionamiento de la autoridad vasca de la Competencia en contra de unas medidas cuyo objeto debería ser alabado por todos. Los trabajadores de la construcción no son mercancía», destacaron.