Los dos representantes de UPN en el concejo de Artika, Raúl Julio Bator y Ana Isabel Oteiza, están imputados por un delito de prevaricación, al igual que la concejante independiente María Dolores Hermoso. La instrucción del caso, referido a la asignación a dedo de una vivienda y un local propiedad del concejo, está prácticamente finalizada, por lo que se podría abrir juicio oral en cuanto se pronuncien las acusaciones.

La denuncia fue interpuesta por la presidenta del concejo -compuesto por cinco personas- tras enterarse de que tres de los concejales habían decidido alquilar los inmuebles sin cumplir con los requisitos legales. Así, los inmuebles, que se arrendaron en 2011, no se publicitaron entre los vecinos pese a constituir un bien público. El hecho de que la denuncia fuera interpuesta por la presidenta del concejo se debe a que ese cargo corresponde a la persona que más apoyos recibió en votación directa.

El caso es particularmente grave en lo que respecta a Raúl Julio Bator, dado que es perito judicial inmobiliario y gestor técnico inmobiliario. De hecho, Bator forma parte de la comisión sectorial de UPN de Vivienda, Obras Públicas y Ordenación del Territorio. En concreto, ocupa el cargo de secretario.

La inmobiliaria que se encargó de gestionar los alquileres fue SLM, cuyas oficinas centrales están en Iruñea.