Al ministro de Interior español hay mil cosas que reprocharle, pero una que agradecerle: es la voz que con más claridad admite que Nafarroa no es cuestión de la ciudadanía navarra, sino cuestión de Estado. Hace unos meses, Jorge Fernández Díaz se declaró preocupado por las leyes que la oposición saca adelante en el Parlamento de Nafarroa -o sea, preocupado por el ejercicio libre de la democracia representativa-. Ayer elevó su discurso al nivel de alerta ante la posibilidad de un cambio político en el herrialde, y reconoció sin tapujos que «Navarra es estratégica para España». Luego se aferró, cómo no, a ETA: «Ha tenido como objetivo la anexión de Navarra. Por tanto, lo que sea poner en cuestión su singularidad es contribuir al objetivo de ETA». ¿Soñará con ilegalizar el Parlamento navarro?

Porque si inaceptable resulta qué dice, lo alarmante es quién lo dice. Un ministro del Interior que dispone de 5,4 policías y guardias civiles por cada mil habitantes acantonados en Nafarroa, dedicados a labores como practicar redadas políticas, perseguir a quienes colocan ikurriñas o criminalizar a los irakasles del modelo D, es decir, a perseguir a la disidencia partidaria del cambio. Un ministro de un Gobierno que va bloqueando una a una en el Tribunal Constitucional las leyes aprobadas en Iruñea, ya sean para que los inmigrantes tengan asistencia sanitaria o para que la Iglesia pague el IBI, intentando gobernar Nafarroa con mando a distancia desde 400 kilómetros. Y un Gobierno que encarga a la Fiscalía defender a Yolanda Barcina en el escándalo de la CAN mientras, noticia de ayer, actúa justo en sentido contrario con dos directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) acusados exactamente de lo mismo: promover un órgano en esa entidad financiera, sin atribuciones, solo para cobrar millonarias dietas.

Nafarroa es cuestión de Estado, no hay duda; con ETA y también sin ETA. A la ciudadanía navarra le toca dejar claro en las urnas que no, que Nafarroa es solo suya.