Artur Mas remarca que «el proceso continúa» pese a la sentencia del TC
Las fuerzas políticas catalanas han encajado con total serenidad la sentencia del Tribunal Constitucional español contra la declaración de soberanía, empezando por el «president», Artur Mas, que tilda el fallo de «previsto» y asegura que se mantendrán firmes ante cada «obstáculo» y encontrarán el modo de superarlos. En el pleno parlamentario celebrado ayer, Mas recordó que «los marcos de legalidad vigentes son muchos y muy amplios».
La resaca de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) contra la declaración de soberanía catalana apenas produjo algún ligero dolor de cabeza ayer en Catalunya, donde las miradas se concentraron en el pleno del Parlament y en las intervenciones del president, Artur Mas, que el día anterior había preferido guardar silencio. Ayer fue claro: «El proceso político de Catalunya continúa».
«Ante cada obstáculo que tengamos en este camino encontraremos la solución para esquivarlo democráticamente, pacíficamente y de acuerdo con los marcos de legalidad vigentes, que son muchos y muy amplios», sentenció Mas en una de sus intervenciones a lo largo de la sesión de control del pleno, en la que también calificó de «absolutamente innecesaria» la sentencia del TC, pese a reconocer que «estaba prevista y se daba por descontada».
El debate sobre el tema, sin embargo, no se alargó demasiado y como hecho significativo añadido cabe mencionar que ni ERC ni la CUP mencionaron la sentencia del Constitucional durante sus intervenciones, símbolo de la poca importancia que otorgan al hecho. Muy en la línea con lo expresado ayer por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que con un comunicado calificó de «irrelevante» la decisión del alto tribunal.
Dentro del Parlament fueron PP y PSC quienes más insistieron en el veto constitucional a la declaración de soberanía, aunque desde posiciones diferentes. Como no podía ser de otra manera, la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, fue la más agresiva, al exigir a Mas que «respete al Constitucional». Sacó pecho ante el aval a uno de sus mantras: «Catalunya no es un sujeto soberano».
«El autobús de la mayoría»
Claro que quien no se consuela es porque no quiere. Que se lo digan al primer secretario del PSC, Pere Navarro, que interpretó el fallo como un aval a su «vía del diálogo entre gobiernos y de reforma constitucional».
Navarro esgrimió el clásico «yo ya dije que la declaración no serviría para nada», y regaló un sketch impagable al programa televisivo de sátira política `Polonia' al sugerir a Mas: «Suba al autobús del PSC y reformemos juntos la Constitución».
La respuesta a esta última cuestión fue rápida: «El autobús en estos momentos es el autobús de la mayoría, ustedes también pueden subir si quieren». Por lo demás, el president aseguró a Sánchez-Camacho que «lo más grave de esta sentencia no es lo que dice, sino el hecho de que se haya producido», y le preguntó: «¿Qué hace un Tribunal Constitucional anulando con una resolución una declaración política de un parlamento?».
¿Puerta abierta?
Frente a la lectura del PSC y otros agentes -el editorial de ``La Vanguardia'', sin ir más lejos-, que trataron de ver en la sentencia un aval del Constitucional al derecho a decidir y una puerta abierta a la consulta del 9 de noviembre, Mas se limitó a señalar que el próximo 8 de abril, cuando el Congreso debata la solicitud catalana de transferencia de la competencia para convocar referendos, «será la primera oportunidad de poner a prueba si el Estado tiene voluntad de actuar en este sentido». Algo que el propio president se encargó de dar por imposible al lamentar que «se contesta más con las vísceras que con el cerebro y la inteligencia política».
La prueba de que el Govern no espera a estas alturas el apoyo del Ejecutivo español llegó a última hora de la tarde, cuando se conoció que la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, envió una carta a cada uno de los municipios de Catalunya para conocer su predisposición a colaborar en la celebración de la consulta.
A excepción del PSC -y con la boca pequeña, ICV-EUiA- nadie en Catalunya cayó en la tentación de considerar la sentencia del Constitucional, que niega la soberanía de Catalunya pero no declara ilegal el derecho a decidir siempre que sea dentro de la Constitución, como una puerta abierta a la legalización de la consulta catalana.
Tampoco lo hicieron la inmensa mayoría de catedráticos, profesores y expertos de diversa calaña consultados ayer por algún micrófono. En términos generales, todos coincidieron en señalar que la única fórmula para que Catalunya pueda decidir su futuro dentro de la legalidad española es reformando la Constitución. Una conclusión para la que, desde luego, no hacia falta l sentencia del TC. Expertos como el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense Ángel Sánchez apuntaron que la sentencia se limita a decir que incorporar el derecho a decidir como «una aspiración política» no es inconstitucional.
Equilibrios en el TC
El doble juego del Constitucional de negar la soberanía pero reconocer, de aquella manera, el derecho a decidir, fue interpretado al menos en Catalunya como la consecuencia del equilibrio interno que la ponente de la sentencia, Adela Asúa, necesitaba para conseguir la unanimidad de los doce magistrados. Y además de manera precipitada, ya que hoy debía hacerse efectiva la petición del Parlament para recusar por parcialidad a tres magistrados -entre ellos el presidente del TC y exmilitante del PP Francisco Pérez de los Cobos-, una solicitud que ya no podrá tramitarse.
De hecho, la división entre los llamados magistrados progresistas y conservadores se reflejó también ayer mismo, a través de las declaraciones que dos de sus miembros realizaron acerca de los efectos que puede tener la sentencia que ambos firmaron de cara al proceso político catalán y la consulta del 9 de noviembre. Por un lado, la magistrada Encarna Roca -avalada en el TC por los votos del PSOE y de CiU- insistió en que la consulta del 9 de noviembre no es un problema jurídico, sino «político y de los políticos». En el otro extremo se situó el magistrado Enrique López, que consideró que la sentencia supone un hito, ya que a partir de ahora existe una posición «clara, expresa y contundente» sobre las intenciones soberanistas.
En dos entrevistas, López confió en que, con este precedente, «los que están legitimados para presentar recursos» harán lo que tengan que hacer para que el TC decida. Cabe recordar que López es uno de los tres magistrados recusados por el Parlament, por ser el autor de «perlas» así: «Este momento no permite agendas propias ni proyectos personales y colectivos excluyentes. Es el momento de transmitir a la sociedad la sensación de unión, proyecto común y unidad de destino».
El «president» prefiere no acudir al Congreso y eludir el símil de Ibarretxe
El Congreso de los Diputados debatirá el próximo 8 de abril la proposición de ley aprobada por el Parlament para solicitar la transferencia a la Generalitat de la competencia para organizar referendos, en base al artículo 150.2 de la Constitución. Para ello, el Parlament nombró ayer a los tres representantes encargados de defender la iniciativa catalana en Madrid. Concretamente, serán los portavoces parlamentarios de CiU y ERC, Jordi Turull y Marta Rovira, respectivamente, y el coordinador general de ICV-EUiA, Joan Herrera, los que defenderán la proposición de ley en Madrid, donde se prevé que el Estado dé su segundo portazo al proceso catalán, después de la sentencia del TC del martes. También acudirán, a título individual, algunos críticos del PSC.
Ayer PP y Ciutadans recriminaron a Mas que no sea él quien acuda a defender la iniciativa a Madrid. En nombre del Govern irá el portavoz, Francesc Homs. Ante ello, el «president» respondió que se trata de «una decisión política».
En los pasillos del Parlament y en las mentes de todos sobrevoló el recuerdo de un Juan José Ibarretxe impotente en el Congreso en febrero de 2005, una imagen que Artur Mas no quiere volver a repetir, sobre todo teniendo en cuenta que todos en Catalunya contemplan ese paso por Madrid como poco más que un trámite. B.Z.
El fallo catalán calienta un poco más el tibio arranque de la ponencia de Gasteiz
La ponencia sobre el nuevo estatus se constituye hoy en Gasteiz con un acto meramente formal. A la polémica previa primero entre PNV y EH Bildu y luego entre los jelkides y el PSE se le suma ahora la derivada del Tribunal Constitucional.
El PP la aprovechó para intentar marcar músculo. Pese a que sus tesis son claramente minoritarias en el Parlamento, Laura Garrido se aferró al fallo judicial para ganar terreno. Dijo que los partidos que usen este foro para «impulsar proyectos soberanistas o de ruptura o superar el marco jurídico al margen de la legalidad» tendrán que tener en cuenta lo dicho por el TC.
El PSE se sitúa con cierta ambigüedad. Frente al discurso estos días de Txarli Prieto, que auguró que la ponencia «saltará por los aires» si se aborda el derecho a decidir, Rodolfo Ares aseguró ayer que buscarán «el máximo consenso y transversalidad». Para ello, prometió que el PSE no contribuirá «a una escalada verbal de declaraciones y contradeclaraciones sobre el trabajo de una ponencia que ni siquiera se ha constituido». Sí recordó al PNV que su creación es fruto del acuerdo entre PSE y PNV, y pidió a a este grupo que actúe «con responsabilidad y prudencia».
Las dos fuerzas mayoritarias, PNV y EH Bildu, evocan el derecho a decidir ante esta ponencia, pero con diferente intensidad y matices. Mientras para la coalición de izquierdas es el requisito indispensable para lograr efectivamente un nuevo estatus y no un remiendo del actual, Joseba Egibar, portavoz jeltzale en la Cámara, se limita a decir que «el derecho a decidir será objeto de debate, al igual que lo fue hace once años».
Egibar sí fue contundente en el diagnóstico sobre la situación global: «El modelo de Estado ha quebrado y nos encontramos ante la oportunidad de reconducir el problema que no se solucionó en 1978. Basta recordar el Estatuto Político que se aprobó en Euskadi en 2004 y la consulta que están promoviendo en Catalunya. El debate está abierto y no se puede cerrar con la prohibición».
En cuanto a EH Bildu, en una comparecencia, Pello Urizar y Onintza Enbeita se mostraron muy críticos con la decisión del Constitucional, pero sobre todo inquietos por la posición del Gobierno Urkullu. «Nos resulta especialmente preocupante que insista en que las aspiraciones nacionales se pueden seguir defendiendo en un marco legal que las niega», dijeron en respuesta a declaraciones realizadas por el portavoz de Lakua, Josu Erkoreka.
En víspera del arranque de esta ponencia, EH Bildu fija posición en «trabajar de manera permanente y activa para conseguir el reconocimiento de Euskal Herria, Catalunya y Galiza como sujetos políticos y convertir en realidad el derecho a decidir». GARA
PNV y Lakua ven cierta puerta abierta en la alusión del TC al derecho a decidir
Pese a criticar al TC, tanto el PNV como Lakua muestran cierta expectativa ante la alusión al derecho a decidir como opción viable en caso de acuerdo político mediante las vías legales estatales. Sabin Etxea indica que «valoramos el paso positivo y significativo que supone el hecho de que una sentencia del TC consagre el `derecho a decidir' como `una aspiración política'». Añade que «muchas veces los políticos son más papistas que el Papa y más constitucionalistas que la Constitución».
Para Josu Erkoreka, portavoz de Lakua, el TC «no es tan riguroso como en alguna vez anterior» y su fallo «no cierra ninguna puerta definitivamente».
Juaristi: «Herriek erabakitzen dute, nahi duena esan dezala Konstituzionalak»
Europako hauteskundeetan hautagai izango diren EH Bilduko Josu Juaristik eta EAJko Izaskun Bilbaok Madrildik heldutako ebazpenaren inguruko iritzia eman zuten atzo. Juaristi argi mintzatu zen: «Herriek erabakitzen dute, nahi duena esan dezala Konstituzionalak». Zerrendaburu jelkidearen ustez, berriz, «nazio-estatuen burujabetza bakarraren kontzeptuari eusten dio ebazpenak, baina hau atzean gelditzen ari da».
Adolfo Suarezen heriotza izan zuen abiapuntu EH Bilduko zerrendaburuaren hausnarketak. «Cafe para todos ospetsuaren» ereduak porrot egin duela gogora ekarrita, egungo arazoak funtsean «kultura demokratikoa» duela ardatz aipatu zuen Juaristik. «Horixe bera da `trantsizioaren izpiritua': herriei hitza ukatzen jarraitzea».
«Europak iraultza demokratikoa behar du, baita Estatu espainolak ere», nabarmendu zuen Josu Juaristik, Parisek ere Lurralde Elkargoari edota hizkuntza eskubideei ezetza ematen diela erantsiz. Aldiz, Eskozian edo Quebecen beste eredu demokratikoagoak garatzen ari direla ekarri zuen gogora. «Alegia, erabakitzeko eskubideaz ari garenean ez gara eskubide birtual batez ari. Erabat onartua dago nazioartean, betiere borondate politikoa eta kultura demokratikoa baldin badaude; jakina, hor dago koska».
Horiek horrela, EH Bilduk herrien erabakitze eskubidearen aldeko «bozgorailua» izan nahi duela nabarmendu zuen Juaristik. Hori guztia aldarrikatu eta ideiok konpartitzeko, asteburu honetan Bruselan egongo da hautagaia, Europar Herritarren Nazioarteko Batzordeak deituta burutuko den mobilizazioan eta Herrien Eskubideen Nazioarteko Sarearen biltzarrean parte hartzeko. Parlamentari ezberdinekin bilkurak ere egingo ditu, atzoko agerraldian iragarri zuenez.
EAJko Izaskun Bilbaoren ustez, Kataluniari buruzko epaiak «ez dakar berri handirik», eta, neurri batean, «kontraesankorra da». Izan ere, erabakitzeko eskubidea berez ez du baztertzen, baina, aldi berean, Kataluniaren nazio izaera -Katalunia subjektu politiko gisa- ukatzen du.
Europan «partekatutako burujabetzen» irizpidea nagusitzen ari dela uste du Bilbaok, eta, horregatik, Auzitegi Konstituzionalak ezarritako «burujabetza bakarra» denboraz kanpo dagoela nabarmendu du. GARA
«EH Bildu se sentiría muy cómoda en una pamplonada»
«Elkorok gure etxea zaindu du, beti etxeko jokatuz, oreka eta zentzu handia eskainiz»
«EH Bildu ha empezado a renunciar a reivindicaciones nacionales»
El ertzaina aporreó a su compañero infiltrado «al sentirse amenazado»
