Antonio González Pacheco, uno de los más conocidos torturadores del franquismo, compareció ayer en la Audiencia Nacional, donde tanto su defensa como la Fiscalía rechazaron que sea extraditado a Argentina. En la misma línea que el capitán Jesús Muñecas, el exinspector de la Policía apenas dijo un par de frases, pero a diferencia del ex guardia civil, «Billy el Niño» sí consiguió que el tribunal impidiera que se tomaran imágenes suyas. Una demanda de escasa rele- vancia práctica, pues su fotografía ya ha sido publicada en diversos medios, pero que da cuenta de la obsequiosidad con la que en el remozado Tribunal de Orden Público se sigue tratando a los servidores del Estado.

Es lógico que el torturador jubilado, quien por cierto mantuvo su cargo bastante más allá del franquismo, se niegue a ser extraditado, pues sabe que fuera del caparazón español la posibilidad de ser sometido a la acción de la justicia crece de forma exponencial. Como sabe que nada debe temer mientras permanezca bajo el manto protector de un Estado que, como mucho, permitirá a sus víctimas el recurso a la pataleta, pues eso es lo que el fiscal ha ofrecido a quienes sufrieron la desalmada profesionalidad de «Billy el Niño» y sus compañeros de correrías en comisarías y cuartelillos.

Se da la circunstancia que Concepción Espejel, la magistrada que atendió la petición de intimidad de González Pacheco y retiró todas las medidas cautelares que pesaban en su contra, decretó ayer mismo la búsqueda y captura, y posterior ingreso en prisión, de un joven de Tafalla condenado a un año de cárcel por exhibir fotografías de presos. Esa es la Justicia española 39 años después de la muerte de Franco. Eso es lo que ofrece un sistema que, al tiempo que no permite que se retrate al protagonista de las pesadillas de cientos de personas, se ve a sí mismo retratado como lo que es: el fruto de una dictadura que legó a sus sucesores la capacidad de hacer sufrir impunemente como principal herencia.