El Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude Fiscal fue firmado el pasado 31 de marzo por las diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y el Gobierno de Gasteiz, instituciones que se comprometieron a comunicar en tiempo real sus bases de datos. Uno de los aspectos de ese acuerdo incluye que se investigue de manera especial a médicos, abogados, procuradores y profesionales de la reparación del hogar. Precisamente, este apartado provocó el desmarque de la Diputación alavesa.

El parlamentario del PP Antón Damborenea señaló que, a pesar de que la Diputación alavesa, gobernada por su partido, firmó inicialmente el plan, éste es una «operación cosmética de quien se hace el gran valedor de la lucha contra el fraude fiscal».

«Las Haciendas han colaborado siempre porque así lo dicen las leyes y no porque lo digan los planes. Es lamentable que vengan políticos a dar lecciones a los inspectores fiscales», dijo.

El consejero Ricardo Gatzagaetxebarria, se mostró convencido de que el plan es «positivo y aceptable» y añadió que no está de acuerdo con quien no va aplicar los acuerdos porque «crea que no sirven para avanzar. Tenemos que ser capaces de dialogar entre nosotros y llegar a acuerdos», dijo.

«Hay cuatro instituciones que han firmado el acuerdo y es un avance. Se trata de un paso positivo y no es una operación cosmética, sino que se tiene que poner en valor porque tras el acuerdo está el trabajo hecho por los técnicos», defendió.

Así, opinó que el plan ayudará a reforzar el trabajo común de las cuatro instituciones firmantes porque contiene iniciativas «constructivas» y tiene entre sus pilares respetar el trabajo de los técnicos.

Intervenciones

El portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, que fue quien pidió la comparecencia del consejero, se mostró preocupado por que el plan pueda ser una «operación cosmética» y abogó por que, en todo caso, esta iniciativa pueda dar sus frutos «sin boicot».

Josune Gorospe (PNV) consideró que si el PP «aceptase que lo que se ha hecho es un avance entre diferentes se quedaría sin discurso», por lo que llamó a la colaboración institucional para seguir luchando contra el fraude fiscal. Por su parte, Txarli Prieto (PSE) consideró «grave» que el diputado general de Araba «rompa el acuerdo y no deje trabajar a los técnicos» y pidió a Gatzagaetxebarria un posicionamiento claro sobre la actitud de este territorio.

Leire Pinedo (EH Bildu) reconoció que el plan no recoge todas las demandas de la diputación de Gipuzkoa y, en relación a la postura de Araba, dijo que «cada uno puede lanzar las algaradas que quiera si deja trabajar a quien lo debe hacer».