Las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron ayer una proposición no de norma presentada por PNV, PSE y EH Bildu, en la que se solicita el cierre «irreversible» de la central nuclear de Garoña y se pide su desmantelamiento definitivo. Además, la iniciativa, rechazada por el PP, exige al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que «bajo ningún concepto se apruebe normativa alguna que posibilite la puesta en marcha y la reanudación» de la actividad de la instalación, situada en el Valle de Tobalina, a pocos kilómetros de Euskal Herria.

La proposición no de norma insta a Iberdrola y Endesa, copropietarias al 50% de Nuclenor, responsable de Garoña, a que «respeten la voluntad mayoritaria de la sociedad vizcaína y renuncien a la posibilidad de cualquier prorroga en la actividad de la peligrosa y obsoleta central nuclear».

Igualmente reclama a la Comisión Europea que realice un seguimiento de las decisiones adoptadas por Madrid con respecto a Garoña, «como garante del cumplimiento de las exigencias técnicas establecidas tras la catástrofe de Fukushima».

Empresarios, preocupados

En el transcurso del debate, el apoderado de EH Bildu Asier Vega afirmó que la central burgalesa resulta «peligrosa y obsoleta» y señaló que «ahora solo hace falta dar el último paso para zanjar de manera positiva una reivindicación de muchos años». «Ya solo falta decretar el cierre irreversible de la central nuclear y comenzar con su definitiva desmantelamiento sin más demora», manifestó.

Por su parte, la juntera del PNV María Presa, que reconoció que el Gabinete de Rajoy hará oídos sordos a la petición de la Cámara foral vizcaina, trasladó el apoyo de su grupo a sus «vecinos alaveses» y subrayó que la reapertura de la planta «no va a suponer abaratamiento del precio de la electricidad. No es indispensable y no iba a suponer ningún beneficio de coste para la industria».

Por su parte, Isaac Fernández (PSE) advirtió de que «no se nos puede imponer la reapertura de la planta, porque eso significa que hay que invertir 300 millones en una central vieja».