Casi tres décadas después de la creación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el 14 de marzo el ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, presentó por fin el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior. Era uno de los mínimos exigidos por algunos de los movimientos y entidades que luchan por arrojar luz a los CIE y forzar, en última instancia, su cierre. La decepción con el reglamento, sin embargo, no pudo ser mayor.

Así lo expresó la Campaña estatal por el cierre de los CIE el pasado 18 de marzo, con una rueda de prensa simultánea en Barcelona y Madrid en la que se dio a conocer un comunicado en el que se denunciaba el reglamento como «un nuevo intento de legitimar la barbarie mediante transformaciones legales». «Creemos firmemente que no se puede regular aquello que no debería existir», concluye de forma contundente el escrito.

Pero junto a las proclamas, las entidades de la Campaña dieron a conocer un minucioso análisis en el que desgranan punto por punto las debilidades del reglamento, presentado por Fernández Díaz como sinónimo de garantía de los derechos de las personas internadas -a las que cabe recordar que no se les priva de su libertad por haber cometido ningún delito sino por la simple falta administrativa de no tener sus papeles en regla-. Los CIE son, de alguna manera, la antesala de la deportación, aunque en realidad la mitad de los internos no acaban siendo expulsados.

El análisis de las entidades se resume principalmente en un punto: «El reglamento mantiene el Cuerpo Nacional de Policía como garante de los derechos de las personas migrantes y la organización interna de los CIE recae en la figura del director», que es también un funcionario policial. De aquí se derivan la mayoría de críticas al reglamento y la sensación de que «no se establece ningún cambio estructural y organizativo que evite hechos como los ya denunciados».

Por ejemplo, en el análisis realizado por la Campaña se denuncia que «la decisión última de ingreso hospitalario de una persona interna a recomendación del servicio de asistencia médica recaiga sobre la figura del director». Otro ejemplo: el reglamento no dice nada sobre la regulación de las visitas de familiares y lo deja, una vez más, en manos del director del centro, que podrá modificar el régimen de funcionamiento interior establecido por la llamada Junta de Coordinación, la instancia integrada por el propio director, el administrador, los responsables de seguridad, de asistencia sanitaria y social y el secretario de dirección.

Según denuncian las entidades -cuyo acceso a los CIE queda en manos del director-, todos los temas relacionados con la seguridad recaen también sobre la figura del director, al que se le da un amplio margen de discrecionalidad para decidir cuándo y cómo se realizan inspecciones a las instalaciones, cuándo y cómo se pueden realizar registros personales a los internos y cuáles son «los medios de contención física individual».

El director decidirá, finalmente, sobre la reclusión de un interno en la celda de aislamiento, así como sobre la instalación de cámaras de seguridad. Estos dos últimos extremos explican a la perfección las críticas de las entidades, ya que están directamente relacionados con los últimos episodios de violencia en el CIE de Barcelona: en diciembre de 2013, el ciudadano armenio Aramis Manukyan moría en la celda de aislamiento y a finales del mismo mes numerosos internos fueron agredidos tras iniciar una huelga de hambre en protesta por las condiciones dentro del CIE. Las agresiones se produjeron en lugares como las duchas, donde no hay ninguna cámara que registre lo que sucede.

Puerta abierta a la privatización

Durante la presentación del reglamento, Fernández Díaz aseguró orgulloso que el reglamento garantiza la asistencia sanitaria, jurídica, cultural y social de los internos, además de remarcar que «el ámbito asistencial será asumido por personal ajeno al Cuerpo Nacional de Policía». Sin embargo, pasó de puntillas sobre el hecho de que dicha asistencia podrá recaer sobre «personal fruto de contratos o convenios», algo que las entidades denuncian como una posibilidad de «externalizar la función de hospitalización y asistencia especializada a entidades privadas, restringiendo así el derecho fundamental a la salud». «De esta forma se transfiere una gestión básica que debería asumir el Estado, derivándola a intereses privados con una lógica de mercado, por la que pueden primar los intereses económicos por encima de las necesidades de las personas más vulnerables», critican.

A ojos de las entidades que luchan por el cierre de los CIE, medidas como las mencionadas -y otras muchas- no solo no aportan nada nuevo, sino que suponen «un importante retroceso en el actual articulado, ya que no consolida las mejoras de las resoluciones de los juzgados de control en estas materias y acaba legalizando la imperante arbitrariedad de la dirección del Centro para decidir de forma unilateral». Algo que les lleva a calificar el reglamento de «auténtica vergüenza». Recientemente, un juzgado de Barcelona obligó a introducir varias mejoras materiales en el CIE de la capital catalana -la retirada de las mamparas que separan a los internos de los familiares en las visitas o la instalación de retretes en las celdas, por ejemplo-. Ninguno de los cambios materiales se realizado dos meses después.

De ahí que las entidades contrarias a los CIE entiendan el reglamento más en clave de escenificación -en un momento en que la migración está en el primer plano de la opinión publica-, que como signo de «una voluntad real de garantizar los derechos de las personas internas». En palabras de José Javier Ordóñez, del Collegi d'Advocats de Barcelona, no se trata más que de una muestra más de la «desidia e irresponsabilidad» del Gobierno en esta materia, ya que «no se toma en serio algo tan grave como un régimen de privación de libertad».