«Los crímenes de tortura, homicidio, desapariciones de personas, cometidos por agentes del Estado como forma de persecución política en el periodo de la dictadura configuran crímenes contra la humanidad y, por ende, no prescriben», manifiesta la jueza Ana Paula Vieira de Carvalho en el alegato que presenta para abrir el proceso penal contra los cinco militares y al policía.

La jueza admite, por ello, la denuncia de la Fiscalía contra los acusados por los delitos de homicidio doloso, asociación para delinquir y transporte de explosivos, entre otros, según se recoge en web de la Justicia Federal.

Hasta ahora, los hechos solo se han visto en el ámbito de la Justicia militar, que archivó dos investigaciones.

El Día del Trabajo

La Fiscalía señala que los acusados buscaban un endurecimiento de la dictadura y crear pánico al hacer explotar una bomba en la noche del 30 de abril de 1981 en el centro de conferencias Riocentro, en las afueras de Riño, donde unas 20.000 personas se encontraban reunidas en un concierto por el Día del Trabajo.

La bomba explotó antes de lo previsto, cuando un militar la estaba introduciendo en el coche. La deflagración segó la vida de ese uniformado e hirió a uno de sus compañeros, el coronel retirado Wilson Luiz Chaves Machado, entonces capitán y uno de los cinco militares contra los que se abre ahora el proceso penal. El Gobierno militar de la época atribuyó el atentado a la izquierda.

La decisión de la magistrada Vieira de Carvalho es «una victoria de los que luchan por la memoria y la verdad en Madrid», subrayó la Comisión de la Verdad (CNV), creada en 2012 por la presidenta Dilma Rousseff, luchadora durante la dictadura.

El camino hasta la consecución de una sentencia es, sin embargo, complicado, ya que los acusados pueden apelar, el proceso puede ser suspendido o la Justicia militar puede alegar incompetencia de la Justicia penal en el caso. La ley de amnistía vigente en Brasil desde 1979, que permitió el regreso de los exiliados políticos y por la que los torturadores nunca han respondido por sus crímenes, también puede ser usada en la defensa de los procesados.

A diferencia de otros países de América del Sur, Brasil no ha encarcelado a ningún represor de la dictura a raíz de esa ley de amnistía.

La Justicia Penal ya ha aceptado más demandas presentadas por la Fiscalía contra los represores de la dictadura, pero se encuentran en proceso de trámite o han sido ya rechazadas en otras instancias.