Alberto PRADILLA

Servini toma declaración a dos víctimas en la AN y la querella prepara sus próximos pasos

El juez de la Audiencia Nacional española, Fernando Andreu, tomó ayer declaración a dos víctimas del franquismo acompañado por la magistrada María Servini. Los querellantes estudian impulsar denuncias en el Estado español que se sumen a la causa argentina.

Teresa Álvarez Alonso, de 93 años, y Faustina Romeral Cervantes, de 90, dos víctimas de la represión franquista, testificaron ayer ante el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional española. Se trata de la primera ocasión en la que damnificados por la dictadura fascista pueden ofrecer su relato ante un juez del tribunal especial, que es el que debería de encargarse de los delitos de lesa humanidad. Previamente lo intentó Baltasar Garzón, pero el Tribunal Supremo frenó la iniciativa. Ahora, la investigación que desarrolla María Servini en Buenos Aires ha permitido que la voz de los damnificados llegue a un tribunal que, paradójicamente, es el heredero del franquista Tribunal de Orden Público, la institución que ordenó arrestar y encarcelar a muchos de los querellantes y recientemente rechazó entregar a dos torturadores.

«No tengo memoria pero `eso' lo tengo grabado», señalaba Álvarez a las puertas de la audiencia. «Eso» a lo que se refería es la desaparición de su hermano, la captura de otro y su internamiento en un batallón de trabajos forzados o la detención, tortura y encarcelamiento de su padre, a quien llegaron a meterle una varilla de paraguas por el oído. Nadie le ha pedido perdón y los responsables de aquellas atrocidades están muertos. Sin embargo, la anciana, represaliada hace más de 70 años, después de la guerra que sucedió al golpe de Estado de Franco, estaba satisfecha. «Es una fiesta para mí. No pude hablar nunca, Estoy muy contenta», afirmó.

«Fue una comparecencia muy emotiva», afirmó posteriormente Carlos Slepoy. Quien no habló fue Servini, que únicamente ha ofrecido una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Donostia. Desde entonces ha visitado Andalucía y Madrid. El objetivo era tomar declaración a víctimas que, por su edad, no habían podido desplazarse a Argentina. Tanto en Gernika como en Sevilla encontró la colaboración de los tribunales locales. Algo que no ocurrió en Miranda de Ebro, donde ni siquiera se remitió el acuse de recibo del exhorto enviado para recabar el relato del miliciano anarquista Félix Padín. Una falta de apoyo que se repitió en Málaga. Allí, el juez denegó a Servini el permiso para visitar una fosa donde se enterraron más de 4.000 cuerpos alegando que estaba prevista una inspección el 18 de junio.

Pese a estos dos incidentes, la valoración es positiva, según señalaba ayer Slepoy. De hecho, indicó que están valorando la posibilidad de presentar denuncias en el Estado. Una opción que ya apuntó el fiscal de la Audiencia Nacional española al oponerse a la extradición de Jesús Muñecas y Antonio González Pacheco «Billy el Niño», argumentando que los casos de torturas estarían «prescritos». «Podemos estar en los prolegómenos de que jueces de aquí puedan abrir causas», opinó el abogado, que destacó la importancia de la querella argentina y las condenas internacionales a Madrid.

El cambio de fiscal impulsa la investigación

El fiscal federal argentino Ramiro González, recientemente nombrado responsable de la causa argentina contra el franquismo, ha acompañado a la juez María Servini en la visita al Estado español en la que la magistrada ha aprovechado para tomar declaración a las víctimas. Llegó al caso en sustitución de Federico Delgado, representante del Ministerio Público que se había opuesto a llevar la iniciativa en la investigación, aferrándose al argumento de que el franquismo ya estaba siendo investigado en el Estado español. Una afirmación que quedaba invalidada por sentencias como la del Tribunal Supremo de 2012. Al contrario que su antecesor, González sí que quiere llevar la iniciativa. Un hecho que los abogados de la querella Carlos Slepoy y Ana Messuti destacan como muy importante. «Hasta ahora el fiscal estuvo ausente. No había hecho nada. En este momento, el que ha sido nombrado tiene toda la intención de impulsar la causa y mucha predisposición para la investigación», indicaba Slepoy.

El fiscal, acompañado por su secretario judicial, Santiago Schiapetto, se unió a Servini en la segunda parte de la visita al Estado. Como esta, ha mantenido un perfil discreto y no ha hecho declaraciones. A.P.