Una veintena de letrados que defienden habitualmente a ciudadanos vascos ante la Audiencia Nacional española comparecieron ayer ante los medios de comunicación, en la sede del Colegio de Abogados de Bizkaia, para valorar la información publicada por GARA el pasado martes, según la cual fuentes del Ministerio de Interior habrían transmitido a periodistas de su confianza la existencia de un inminente operativo policial que incluiría varias detenciones.

La noticia no les ha sorprendido dada la experiencia de operaciones policiales anteriores lanzadas contra abogados vascos que, incluso, han sido juzgados y después absueltos. Son conscientes de que una nueva redada obedecería a la «estrategia de guerra» que mantiene el Estado español, «incapaz de buscar soluciones al conflicto», y de que el objetivo son los abogados de los presos vascos porque son «testigos directos de la vulneración de derechos» y, por lo tanto, espectadores «incómodos» para Madrid. «Quieren quitarnos de en medio», manifestaron al respecto.

En un momento especial

Ainhoa Baglietto y Alfonso Zenon, que ejercieron de portavoces en la comparecencia, destacaron que el anuncio de la redada llega en un momento complicado para los estados, después de que los mismos abogados anunciaran recientemente que recurrirán a la última instancia judicial posible contra la respuesta negativa a las peticiones de acercamiento formuladas por los integrantes de EPPK.

Tampoco pasaron por alto la reciente sentencia absolutoria de 40 jóvenes vascos, que ha puesto en cuestión prácticas habituales sobre las que hasta ahora se cernía un manto de silencio. Al respecto, destacó Zenon que «por fin se realiza un análisis serio, profundo y respetuoso de las denuncias de malos tratos que hicieron nuestros defendidos, donde se denuncia la falta de rigor con la que se realizan operaciones policiales como la que se anuncia contra nosotros, con informes policiales donde se tiene adelantada una conclusión cerrada, donde se parte del principio de culpabilidad, donde no se analizan otros elementos excluyentes».

No se olvidan de Estrasburgo

Comentó también que «puede parecer que esté olvidada, pero al Estado español no se le olvida fácilmente» la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anuló la doctrina 197/2006 que los abogados vascos venían denunciando durante años. «Esto supuso un fuerte golpe para el Estado español», dijo, para agregar que es conocida la disposición de presos y presas a explorar medidas que acompañen en la solución del conflicto y que «cada vez más gente es consciente de lo que lleva ocurriendo durante décadas en la oscuridad de la Audiencia Nacional, en las cárceles y en las comisarías, e incluso magistrados del Tribunal Constitucional y del Supremo se pronuncian ya contra la incomunicación de las personas presas».

Y observaron que la propia actuación contra abogados, con posibles detenciones de personas que ejercen su profesión de manera pública en instancias como la misma Audiencia Nacional, supondría «una barbaridad», resaltando que esto atenta no solo contra su defensa, sino también contra la de sus defendidos. Por ello, anunciaron gestiones ante colegios y asociaciones en busca de apoyos para denunciar la situación.