A partir de los cimientos establecidos en la Declaración de Aiete en 2011, el palacio donostiarra volvió a ser testigo del trabajo que en estos cuatro años se viene realizando en algunos sectores de Euskal Herria para construir el proceso de resolución del conflicto. La II Jornada de Justicia Transicional, organizada por la Diputación de Gipuzkoa, hurgó en las entrañas de diferentes experiencias en el mundo y contó con las aportaciones de expertos en materia de Derecho a fin de ahondar en conceptos como verdad, justicia y reparación.

El profesor de la UPV-EHU y director de Derechos Humanos del Gobierno de Lakua durante el mandato de Juan José Ibarretxe, Jon Mirena Landa, el forense Paco Etxeberria y el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada protagonizaron la conferencia de la tarde y en ella trataron de concretar los entresijos que esconden estos tres conceptos. Términos muy utilizados al hablar de la resolución del conflicto pero que resultan muy genéricos y que requieren de una definición concreta si se quiere avanzar en la paz y la reconciliación.

La contundencia fue la característica principal de la exposición de De Prada, que no dejó indiferentes a los presentes. Y es que el magistrado hizo alusión explícita a la excepcionalidad que desde el Poder Judicial -comenzando por la propia AN- se ha aplicado y defendió una «normalización jurídica» y la «eliminación de todas las excepcionalidades que han permitido abusos».

Tomando como referencia el concepto de «verdad», hizo una distinción entre «verdad histórica» y «verdad judicial» y afirmó que «efectivamente la justicia penal no es el mejor instrumento para construir la verdad histórica», aunque si la consideró útil y necesaria para obtener parte de la verdad.

No obstante, reconoció que en el caso del conflicto en Euskal Herria la verdad judicial es «fragmentaria, interesada y lejana a lo real». Y ello porque, admitió, «se ha etiquetado todo en torno al terrorismo».

En ese contexto, citó que «el Estado de Derecho se ha pertrechado de mecanismos extraordinarios» y puso varios ejemplos de ello. Así, aludió al hecho de castigar la pertenencia a asociaciones bajo el argumento de que forman parte del «entramado institucional de ETA» y lo puso en entredicho al subrayar que se trata de una actividad exclusivamente política. Que además en algunos casos se ha demostrado válida para el final de la lucha armada, apostilló.

Incomunicación y penas

La incomunicación y la aplicación de un tratamiento penitenciario extraordinario también fueron puestos sobre la mesa por De Prada. Sobre lo primero destacó que se ha generado un binomio que relaciona incomunicación con tortura y recordó la última sentencia dictada la semana pasada por Europa y que condena al Estado español por no investigar torturas a Beatriz Etxebarria y Oihan Ataun. «Nos lo ha dicho ya cinco veces Estrasburgo», recordó. También reconoció la aplicación de un tratamiento penitenciario «desigual, extraordinario y rígido».

Por todo ello y como conclusión, el juez del tribunal especial español defendió que una verdad judicial bien construida es útil para conocer los hechos, por lo que abogó por normalizar la jurisdicción y eliminar todas las medidas de excepción para sentar unas bases justas de cara a la resolución.

Jon Mirena Landa abordó el tema de la reconciliación y marcó un punto de partida importante al destacar que es algo que va más allá de presos y víctimas. En concreto, mencionó que se trata de «refundar el pacto social removiendo las bases de la convivencia».

Centrando su discurso en los que denominó como «presos de motivación política», afirmó Landa que es necesario depurar responsabilidades y establecer penas, pero matizó que en materia penitenciaria el debate está mal enfocado ya que, a su juicio, habría que centrarse en la reinserción. Criticó asimismo la aplicación de la dispersión y de medidas de «discriminación».

Para el profesor de la UPV-EHU, la vía penal debe ser herramienta para aclarar responsabilidades mientras que el debate hacia la «verdad colectiva» debe venir de la vía social.

Paco Etxeberria, por su parte, centró su exposición en la memoria histórica y criticó la falta de voluntad e implicación política en esta materia.

Ante ello, puso en valor la labor de iniciativas como Comisiones de la Verdad, aunque sostuvo que la reparación pasa por el reconocimiento institucional y social.