El alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, realizó ayer su propia interpretación de los datos aportados por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, que el miércoles puso de manifiesto una realidad: las personas migrantes procedentes de Marruecos y Argelia no vienen para «vivir de las ayudas sociales», tal como sostiene el regidor. Así lo constata, por ejemplo, que Lanbide solo haya expedientado a cinco magrebíes, perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, por rechazar un empleo.

«Lanbide ha suspendido a cinco magrebíes. ¿Eso significa que ese es el número de personas que han rechazado una oferta? Yo digo que no», manifestó Maroto, que no aportó dato alguno para argumentar sus palabras. «Existen muchos casos en los que la oferta de trabajo se rechaza y Lanbide no lo registra, o no acaba en un expediente. Podemos tener 5 o 5.000 casos», añadió tras anunciar que solicitará más información al respecto.

Asimismo, pedirá más datos sobre la cuantía que reciben los perceptores de RGI -585,61 euros mensuales de media-, ya que, según denunció, Lakua no incluye la Prestación Complementaria de Vivienda. Y reclamará más información sobre el tiempo que llevan cobrando la ayuda las personas beneficiarias. «Sería faltar a la verdad pensar que la mayoría llevan dos o tres años cobrando la RGI», destacó el primer edil, que insistió en la «cronificación» de los perceptores pese a carecer de datos que apoyen su teoría.

Maroto, que advirtió al consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, de que tiene en sus manos «una bomba de relojería» -en alusión a la gestión de la RGI-, eliminó de la lista de perceptores a los pensionistas residentes en Gasteiz -más de 2.000 hombres y mujeres- para sostener que, en el caso de la capital alavesa, la mayoría de las personas que cobran esta ayuda son inmigrantes.

Crear «confusión»

Tras escuchar las palabras del alcalde, que compareció en el Ayuntamiento mientras se celebrara el pleno del Parlamento, donde también ocupa un escaño, Aburto acusó a Maroto de crear una «confusión» en torno a la RGI. «¿Hay que cambiar la ley, hay mucho fraude, o hay que hacer más recortes?», se preguntó el consejero después de advertir al PP de que esta «estrategia» puede provocar un «enfrentamiento social». «Creo que el sistema debiera ser sostenible y lo defiendo porque creo en la dignidad de las personas. Y no van a contar conmigo para establecer un precio a esa dignidad», manifestó.

Los grupos de la oposición en el Consistorio de Gasteiz también censuraron las declaraciones del alcalde. Así, el portavoz del PNV, Gorka Urtaran, señaló que la posición del alcalde «supone una auténtica agresión a la convivencia pacífica en el conjunto de la sociedad vasca».

Desde el PSE, Maite Berrocal propuso la creación de una comisión de investigación sobre el fraude social en las ayudas municipales, dependientes del Gobierno local. «La única manera viable y realista para dejar de hablar de sensaciones y suposiciones es dar a conocer estos datos», remarcó.

Por último, el concejal de EH Bildu Antxon Belakortu afirmó que los datos aportados por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales «no le gustan al alcalde porque está obsesionado con seguir sosteniendo su escala xenófoba para rascar votos». Además, instó a los ediles de PNV y PSE a no apoyar el presupuesto municipal.