28/10/2014

El PP agrava el pulso al decantarse por intentar vetar también este 9N

Tras dos semanas de dudas, el Gobierno del PP ha optado finalmente por activar el mecanismo para intentar vetar también la consulta alternativa del 9N. De momento pide informe al Consejo de Estado. El asunto presenta ciertas complejidades técnicas porque no hay un acto administrativo que llevar al Constitucional, que por cierto aún no ha decidido sobre la primera consulta más allá de la suspensión. Pero políticamente el significado es claro: mano dura.

GARA
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Tras sopesar los pros y contras de ambas opciones, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha decidido finalmente por no hacer la vista gorda ante la consulta alternativa del 9 de noviembre en Catalunya. Aunque al inicio mantuvo un perfil bajo tras el anuncio de Artur Mas y dio a entender que prefería no agravar la crisis abierta con la mayoría social catalana, finalmente se impone la tesis más autoritaria, quizás al comprobar que la votación estaba teniendo más tirón ciudadano que el que preveía.

El Gobierno anunció a última hora de la tarde que ha pedido un informe al Consejo de Estado, que es el primer paso preceptivo para llevar esta segunda consulta también al Tribunal Constitucional y tratar de lograr ahí su suspensión, como ya ocurrió con la primera. Se da la circunstancia de que el máximo tribunal español ni siquiera ha tomado aún una decisión definitiva sobre si prohíbe o no la convocatoria inicial.

Además, el Ejecutivo se topa con ciertos problemas técnicos para materializar su objetivo, dado que esta vez no hay elemento objetivo administrativo que impugnar (antes sí los tenía con la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria). Tampoco existe censo siquiera, ya que se irá conformando el mismo día de la votación con la inscripción de cada persona que acuda a votar antes de introducir su papeleta en la urna.

«Sin garantías democráticas»

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dio a entender que se pretende impugnar «toda la organización que está llevando a cabo la Generalitat de Cataluña». Presidencia del Gobierno español indicó más tarde que el informe se solicita al Consejo de Estado «de modo urgente» para que el eventual recurso «se pueda autorizar, en su caso, en el próximo Consejo de Ministros». Está previsto para el viernes, aunque la primera convocatoria fue recurrida en pocas horas con un consejo extraordinario. También el Consejo de Estado (antes) y el Constitucional (después) se reunieron para este tema específicamente.

Lo más curioso es el argumento del Ejecutivo español, que indica que esta segunda consulta no solo es contraria a la Constitución, sino que «además perjudica los derechos de los catalanes» porque «no tiene una sola garantía democrática». Estos últimos días, varios portavoces han dicho incluso que consideraban más garantista la primera convocatoria, dado que en ella por ejemplo sí había censo.

Antes de conocerse estos primeros trámites para la impugnación, ERC ya había pedido ayer mismo al president Mas que se mantenga «fiel» al compromiso de celebrar el proceso participativo. Tras los recelos iniciales entre los partidos soberanistas, que se centran más bien en el escenario posterior a este 9N, CiU, ERC y la CUP han acabado sumando fuerzas para que esta convocatoria sea un éxito de participación y constituya un nuevo mensaje de afirmación ante el mundo.

El doble de voluntarios y colegios en Andorra y Perpinyá

Pese a las amenazas estatales, continúan los preparativos para el 9N, cuando ya faltan menos de dos semanas para ese domingo. CDC, UDC y ERC iniciarán estos días actos de campaña por separado, algo que la CUP ya está haciendo anteriormente después de tomar un compromiso de impulsar la consulta en la calle.

En estos actos próximos, la coalición gobernante comparecerá dividida. Convergencia pedirá el sí a la independencia en las urnas (la pregunta doble es la misma que estaba prevista para la primera consulta), mientras que al parecer UDC se limitará a animar a acudir a votar.

Junto a ello, el Govern ha cerrado el plazo de captación de voluntarios para el 9N con 38.706 inscritos, casi el doble de lo esperado inicialmente (20.000). Y al mismo tiempo ha abierto dos puntos más de votación: Andorra la Vella y Perpinyá (Catalunya Nord).

Frente a estos avances se sitúan colectivos como Societat Civil Catalana (SCC), entidad contraria a la independencia, que afirma que percibe «inquietud» entre los directores y profesores de los centros públicos en los que se quieren instalar las urnas. Les ha recomendado que «no realicen ninguna actuación sin que exista una orden clara por escrito» de parte de la Generalitat, aparentemente en un intento de forzar elementos administrativos que vetar.

En este contexto, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido «disculpas» por su comparación entre las posibles elecciones plebiscitarias en Catalunya y las de la Alemania en 1933. Y añade que Madrid no debería vetar la consulta alternativa del 9N.