Alberto PRADILLA

El Congreso vuelve a denegar datos de la comisión sobre tortura de 1979

Mientras el Senado norteamericano desclasifica una parte del informe sobre torturas en la pasada década, el Congreso español insiste en no desvelar ningún dato sobre la comisión de investigación que analizó, entre 1979 y 1982, los malos tratos en Euskal Herria. La Cámara Baja niega ahora dar los nombres de los declarantes para evitar que puedan dar su permiso y le obliguen a hacer públicos los informes.

Cuarta negativa del Congreso español a la petición de Amaiur de acceder a los informes de la comisión de investigación sobre torturas en Euskal Herria que tuvo lugar durante la primera legislatura después de aprobarse la Constitución de 1978. Tras negar la existencia de actas y denegar la entrega de grabaciones y documentación, la Mesa, en manos del PP, rechaza ahora facilitar los nombres de las personas que declararon ante el equipo de trabajo entre 1979 y 1982, con UCD en Moncloa. Previamente, el órgano rector de la Cámara Baja había apelado a la Ley de Patrimonio Histórico Español y a la voluntad de velar por la intimidad de unas personas cuyos derechos no fueron respetados en el momento en el que fueron torturados.

Al recibir ese argumento, la coalición soberanista reclamó el listado de testimonios para solicitar, uno por uno, los permisos correspondientes y desclasificar los documentos. Pero el Congreso los ha vuelto a denegar, aferrándose ahora a la Ley de Protección de Datos de 1999. Es decir, que su decisión provoca la pescadilla que se muerde la cola. No entrega los documentos porque se carece del permiso de los afectados pero imposibilita que este aval se pueda obtener guardando bajo llave las identidades de quienes testificaron.

Un posible recurso

«Se debe rechazar el intento de considerar que se podía acceder a los datos de identidad como si fueran una parte separable del resto de la documentación de la Comisión. No hay unas partes secretas y otras no sino que todas lo son», afirma el Congreso en la respuesta remitida a Amaiur. Con este cuarto portazo se cierran las vías previstas por el Congreso. No obstante, el diputado Jon Iñarritu, explicó que todavía tienen que valorar las explicaciones remitidas por la Mesa para, en su caso, recurrir a la Justicia.

«Existe una clara voluntad de ocultación de lo que fue aquella comisión y de sus resultados, que no tenían otro fin que hacer luz sobre los casos de torturas», denunció. Paradójicamente, esta negativa llega el mismo día en el que el Senado de EEUU hace pública una parte de su informe sobre malos tratos en la década de 2000, durante el mandato de George W. Bush. Ante este hecho, Iñarritu lamentó el intento de «obstaculizar la obtención de información sobre las torturas sistemáticas contra personas detenidas vascas», unos hechos que han denunciado tanto el TEDH como diversos relatores de la ONU.

La comisión inició su andadura el 28 de diciembre de 1979, como parte del acuerdo por la liberación de Javier Rupérez, en manos de ETA (pm). Alargó sus trabajos hasta la llegada del PSOE. Un número indeterminado de torturados declararon. Entre ellos se encontraban, según diversos testimonios, Tomás Linaza y Txema Rojo. Se grabaron las sesiones, al menos en audio, y se redactó un informe con conclusiones que nunca llegó a debatirse en el pleno. Un documento que sigue encerrado en los archivos del Congreso.

Llamamiento

Amaiur realiza un llamamiento a las personas que testificaron en aquella comisión a ponerse en contacto con sus oficinas o las de EH Bildu para solicitar los permisos con los que desclasificar la documentación.

Ante la catedral

Los cristianos de base concentrados ante la Catedral Nueva de Gasteiz expresaron su «profunda solidaridad y afecto a quienes han sufrido ese cruel atropello, así como el apoyo a quienes, superando obstáculos y consecuencias, han denunciado la práctica de la tortura».

Cristianos de base instan a alzar la voz contra la tortura

Representantes de Comunidades Cristianas Populares, Herria 2000 Eliza y la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria se concentraron ayer frente a la Catedral Nueva de Gasteiz para denunciar la tortura y exigir su erradicación. Según valoraron, «la denuncia de la tortura y el procesamiento de sus ejecutores y de quienes la utilizan debe convertirse en un clamor popular y universal ante este crimen contra la dignidad humana», una lacra para cuya erradicación abogaron por «instar a todas las Instituciones y sectores sociales, culturales y políticos a que alcen su voz de manera contundente».

En este sentido, apuntaron también que «para nuestra Iglesia, la denuncia y la exigencia de su erradicación en todas sus formas constituye una obligación ética y cristiana ineludible», de modo que, según apostillaron, «movidos por la fe en Jesús de Nazaret, queremos reclamar también a nuestros obispos, una vez más, que con voz profética, denuncien la existencia de esta lacra y exijan a sus responsables -políticos, jueces, policías, medios de comunicación- su erradicación». GARA