Joseba SALBADOR DONOSTIA
Fiscalidad y lucha contra el fraude

El PNV anuncia que suprimirá el Impuesto de la Riqueza si gana el 24-M

El candidato del PNV a diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, hizo oficial ayer su intención de eliminar el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas si su partido gana en las elecciones del 24 de mayo. En su primer año de aplicación, este tributo, al que solo se opusieron PNV y PP, recaudó un 47,6% más que con el anterior Impuesto de Patrimonio. Olano dijo que quiere armonizarlo con el que sigue vigente en Bizkaia, que ha recaudado un 27% menos.

Desde que fue aprobado en las Juntas Generales en diciembre de 2012 con los votos a favor de EH Bildu, PSE y Aralar, los jelkides siempre se habían mostrado especialmente beligerantes con el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas al considerar que perjudica a las empresas del territorio. Esta tesis, promovida por la patronal Adegi, fue defendida también por la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, quien el pasado mes de mayo alertaba de una fuga de empresarios del territorio.

Pero fue ayer cuando el candidato del PNV a diputado general, Markel Olano, anunciaba de forma explícita su intención de eliminar este tributo si su partido gana los comicios forales de mayo. En la presentación de sus propuestas relativas a la promoción económica y la fiscalidad, Olano volvió a reiterar las críticas que ha venido realizando a la actual Diputación durante toda la legislatura en el sentido de que el Gobierno foral «se niega a llevar a cabo un plan de apoyo a la empresa», y destacó que su proyecto pretende enfocar la fiscalidad como «instrumento para favorecer la actividad económica y el empleo y no solo como mero instrumento recaudatorio».

Así, el candidato jelkide dijo que eliminará el Impuesto de la Riqueza y de las Grandes Fortunas porque «penaliza a quienes apuestan por reinvertir beneficios en el objetivo de consolidación de la propia actividad y el empleo», y anunció su intención de «armonizar» los impuestos de Gipuzkoa con los vigentes en Araba y Bizkaia.

El candidato del PNV evitó referirse a los resultados obtenidos por este tributo. Según el balance del primer año de aplicación en Gipuzkoa (2013), la recaudación fue un 47,6% superior a la del anterior Impuesto de Patrimonio (pasó de 38 a 57 millones de euros), al tiempo que el número de contribuyentes también aumentó (un 18,6%), al pasar de 6.603 a 7.833, en su mayor parte empresarios.

Por el contrario, el Impuesto de Patrimonio de Bizkaia recaudó el pasado año un 27% menos de lo estimado, ya que se quedó en 69,4 millones de euros, frente a la previsión de 95 millones de la Diputación, según los datos facilitados este mismo mes por el diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga.

El grupo juntero de EH Bildu de Bizkaia atribuye este descenso a «las vías de elusión que dificultan obtener lo que el impuesto debe recaudar».

Los junteros abertzales se referían a la figura del «escudo fiscal», recogida en el actual Impuesto de Patrimonio de Bizkaia, un límite según el cual la cuota íntegra del impuesto junto con la del IRPF no pueden superar el 65% de la base imponible general y del ahorro del IRPF, lo que da margen a la ingeniería fiscal y promueve que el patrimonio se utilice con una finalidad especulativa en lugar de productiva. A causa de este escudo fiscal, en 2012 se dejaron de recaudar en Bizkaia 55 millones de euros.

Pello Guibelalde y Arantza Tapia

La propuesta efectuada ayer por el PNV da respuesta a las quejas reiteradas por los empresarios, a quienes molesta de forma especial que el Impuesto de Gipuzkoa contabilice como patrimonio personal el 25% del valor de las participaciones en la empresa.

El presidente de Adegi, Pello Guibelalde, calificó en su día este tributo como un «ataque a la línea de flotación del espíritu empresarial» de Gipuzkoa y llegó a acusar a los dirigentes forales de «no haber creado nunca un solo puesto de trabajo».

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ahondaba en esta polémica al asegurar que los empresarios se estaban marchando de Gipuzkoa a causa de este impuesto. Según los datos hechos públicos por la Diputación, solo fueron 49 los casos en los que se produjo un cambio de domicilio fiscal, la mayoría de ellos para instalarse en Madrid. Además, el número de grandes contribuyentes que llegó a Gipuzkoa fue mayor, ya que se contabilizaron un total de 61.

La institución foral guipuzcoana acusó a la consejera de «dar una imagen distorsionada del territorio al dar por hecho una fuga de empresarios, justificando así las deslocalizaciones».