El sindicato ELA valora negativamente el anteproyecto para reformar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que la Consejería de Empleo del Gobierno de Lakua ha presentado y que ahora deberá debatirse en el seno del Ejecutivo, antes de iniciar el trámite parlamentario.

En una rueda de prensa realizada en su sede de Bilbo, ELA denunció ayer que el anteproyecto «consolida» los recortes que ya están en vigor y «aún incorpora más retrocesos» respecto a la ley que se aprobó en el Parlamento de Gasteiz en 2008.

«Las prestaciones por RGI seguirán estando por debajo de lo legislado hace ya 13 años. Este anteproyecto no contempla ninguno de los extremos reclamados en la ILP impulsada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, avalada por 51.000 firmas y cuyo debate fue rechazado en trámite parlamentario», explicó el sindicato.

Janire Landaluze, del Gabinete de Estudios de ELA, recordó que la Ley 18/2008 fijó las cuantías respecto al SMI (88% para personas solas, 113% para unidades de dos personas y 125% para tres, y el 100% para pensionistas) y que si hoy se aplicara esta ley los ingresos para una persona serían de 975 euros (en doce mensualidades). En el caso de personas pensionistas, la RGI sería de 1.108 euros. Sin embargo Landaluze denunció que Lakua viene aplicando recortes desde 2012: «Así, la RGI en 2021 es, para una persona sola, de 706 euros mensuales (249 euros menos que con la ley de 2008), y para una pensionista, de 810 euros (292 euros menos)».

Con el nuevo anteproyecto, ELA asegura que la RGI ordinaria quedaría igual (705 euros frente a los 706 actuales), con un incremento para las personas pensionistas (pasarían de los 810 euros actuales a 893). «En todo caso, las cuantías son muy inferiores a lo que corresponden con la ley de 2008», añadió Landaluze.

ELA critica que el anteproyecto siga manteniendo la edad mínima para acceder a la RGI en 23 años y proponga 2 años mínimo de empadronamiento si hay menores (3 años en los demás casos), lo que supone un recorte respecto a 2008 (un año).

Asimismo, ELA censuró que continúen «los niveles de control y criminalización de las personas perceptoras». «Además de mantener la renovación cada dos años, añade una actualización trimestral de la cuantía, procedimientos de control que pueden durar hasta seis meses (se reincorpora la opción de técnicas biométricas e inteligencia artificial) e inspecciones por parte de inspectores de Lanbide que actuarán como agentes de la autoridad», detalló Landaluze.