La Coordinadora, que agrupa a más de 120 asociaciones, ha enviado una carta a Zaragoza en la que le pide mantener un encuentro y traslada su confianza de que el Ministerio Fiscal «de cabal cumplimiento de la misión constitucional que le viene atribuida, dando comienzo a una nueva era de verdad, justicia y reparación para las víctimas de uno de los más graves genocidios cometidos en el siglo XX».

En su misiva, recuerda que la ley solo contempla la intervención de los imputados y la Fiscalía en el proceso de extradición, «sin perjuicio de la facultad que cabe al Estado argentino de personarse como parte del procedimiento», por lo que no se prevé la participación de las víctimas ni de las asociaciones que las representan. Es por esto que piden al fiscal jefe de la Audiencia Nacional que sea «la voz de quienes no la tendremos en la vista judicial».

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz retiró el pasado 5 diciembre los pasaportes a Antonio González Pacheco y a Jesús Muñecas y les prohibió salir del Estado español mientras se tramita su proceso de extradición.

Los firmantes celebran que se vaya a llevar a cabo esa vista, lo que «constituye una gran reparación para las víctimas, promueve y consolida la idea de que quienes lesionan a la humanidad deben ser judicialmente perseguidos en todo tiempo y lugar y compromete nuestro profundo agradecimiento hacia la justicia e instituciones argentinas. Estamos convencidos de que estas actuaciones judiciales colaborarán decisivamente al fin a la impunidad del franquismo, como en su día lo hicieron las iniciativas judiciales para poner término a la impunidad reinante en Argentina y otras naciones de América Latina».

La juez argentina María Servini de Cubría dictó el pasado setiembre una orden de busca y captura contra ‘Billy El Niño’ y Jesús Muñecas, tras admitir a trámite una querella por homicidio agravado, privación ilegal de libertad, torturas y sustracción de menores. La petición será analizada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Si este tribunal diera el visto bueno a la entrega, la decisión podría ser vetada por el Consejo de Ministros. Si la Audiencia Nacional denegara la extradición, el Gobierno de Madrid no tendría margen para ejecutarla.