NAIZ
BOGOTÁ

La Corte Suprema de Colombia decreta el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes el arresto domiciliario del expresidente y senador Álvaro Uribe, dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, según ha señalado el propio acusado en sus redes sociales.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe, en octubre de 2019. (Raúl ARBOLEDA/AFP)
El expresidente colombiano Álvaro Uribe, en octubre de 2019. (Raúl ARBOLEDA/AFP)

Según las informaciones recogidas por el diario colombiano ‘Semana’, los cinco magistrados que integran el organismo fallaron a favor de la «detención preventiva en su domicilio» de Uribe.

«La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran» al senador Uribe, señaló la Corte en un comunicado.

Horas antes el propio Uribe informó por medio de las redes sociales del arresto domiciliario: «La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria».

El exmandatario tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, en su mayoría vinculados a grupos paramilitares.

El caso por el que se ha ordenado el arresto domiciliario del hombre que gobernó Colombia entre 2002 y 2010 comenzó en 2012 cuando demandó por presunta manipulación de testigos al senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe, que se convierte en el primer expresidente colombiano al que se le ordena la detención.

El proceso de Uribe contra Cepeda dio un giro de 180 grados cuando el magistrado José Luis Barceló, de la Corte Suprema, que fue quien recibió el caso, no sólo lo archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.

La Corte Suprema escuchó en octubre del año pasado a Uribe y realizó otras diligencias con base en las cuales decidió este martes ordenar su detención domiciliaria.

El partido Centro Democrático, fundado por Uribe y que está en el poder, expresó ayer su «grave preocupación» por versiones que circulaban sobre un posible fallo contrario a su líder.

Uribe responde al proceso penal en la Corte Suprema porque por tener fuero de senador su caso queda fuera de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que es la que se ocupa de los procesos a los expresidentes.

«Avance de la Justicia»

Las Madres de Soacha, que hace más de una década esperan que el expresidente colombiano responda por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos", dijeron este martes que la orden de detención es un «gran avance de la Justicia».

«Para nosotros fue una gran felicidad esa noticia y obviamente el clamor que tenemos ante la justicia colombiana es que también se siga avanzando sobre el caso de los falsos positivos», dijo a Efe Jackeline Castillo, una de las integrantes de la asociación Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo).

La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos", ejecuciones de civiles a manos de militares que los presentaban luego como guerrilleros muertos en combate, casos que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y que se incrementaron durante el Gobierno de Uribe.

Los militares reclutaban a los jóvenes, incluso discapacitados, con falsas promesas de empleo y los conducían a otros lugares del país para matarles y de esta forma obtener premios y permisos de sus superiores por sus supuestos resultados en la lucha contra la guerrilla.

Muchos de esos jóvenes era oriundos de Soacha, municipio en las afueras de Bogotá, de ahí el nombre de la asociación.