El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia ha asegurado que los partidos de izquierda con mayoría parlamentaria pueden sacar adelante acuerdos que favorezcan al conjunto de pensionistas «si tienen voluntad» y ha pedido a los sindicatos que «defiendan firmemente» sus reivindicaciones.

En su tradicional concentración de los lunes frente al Ayuntamiento de Bilbo, los pensionistas vizcainos también han recordado que siguen «día a día» las negociaciones del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones, en las que «desde el lunes pasado no se ha dado ningún paso adelante».

«No da mucho para la esperanza», se ha resignado Jon Fano, portavoz del movimiento, tras conocer las propuestas de la comisión parlamentaria, mientras que la también portavoz Andrea Uña ha dicho que por el momento los acuerdos «no son para mejorar las pensiones, sino para recortarlas».

Los pensionistas de Bizkaia también han denunciado que en los seis primeros meses de 2020 hayan muerto 1.571 personas que estaban en listas de espera para recibir ayudas a la dependencia, «tantas personas como las que han fallecido por covid-19 en las tres provincias de la CAV desde que comenzó la pandemia», han lamentado.

Precisamente la crisis sanitaria está, en su opinión, «dejando al descubierto las deficiencias de los servicios públicos», donde es «casi imposible» conseguir una cita previa o realizar gestiones por enfermedad laboral, que «son laboriosas y tan lentas» que el pensionista puede fallecer antes de su tramitación, según han sostenido.

El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia adelantará este  martes en una rueda de prensa detalles de una nueva movilización, convocada para el próximo 31 de octubre en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria, en defensa de «un modelo que proteja las necesidades de las personas mayores» y para la que han pedido el apoyo del movimiento sindical, feminista y juvenil.

Concentración en Gasteiz

Por su parte, el Movimiento de Pensionistas de Araba ha defendido el modelo residencial público frente a la proliferación de las residencias privadas en pro de una «atención digna a la dependencia» que garantice unos buenos recursos sociosanitarios a las personas ancianas.

Según sus datos, la gestión privada residencial acumula el 75% de los centros geriátricos en la CAV, los cuales, han asegurado, se sostienen a costa de una «mala atención» a sus usuarios, «el expolio» de las arcas públicas y «la explotación» de las trabajadoras del sector.

Los pensionistas alaveses han denunciado los 124 fallecidos en los últimos tres meses en la residencias vascas a costa de la covid-19 y han reclamado que las instituciones públicas tomen medidas para que no se repita «la dramática situación» que padecieron los hogares de ancianos durante la primera ola del coronavirus.

En este sentido, han criticado que la Diputación Foral de Araba no ha creado ninguna plaza pública «en los últimos 21 años» y han exigido que las administraciones ejerzan un control real sobre los servicios que se prestan en los centros privados, así como que no se favorezca en los concursos públicos a las grandes empresas.

Unas reivindicaciones que el Movimiento de Pensionistas de Araba ha realizado este lunes en la concentración semanal que llevan a cabo en Gasteiz, donde ha pedido cambiar el actual modelo residencial, «basado en el negocio» de cara a construir «una red de servicios sociosanitarios públicos» que garanticen el derecho de los mayores a una vida digna.