El pasado lunes cientos de pensionistas se manifestaron en las calles de Iruñea para mostrar su rechazo a las recomendaciones del Pacto de Toledo, que, entre otras medidas, vincula el incremento de las pensiones al IPC.

Este sábado saldrán a las calles de pueblos y ciudades los pensionistas de la CAV, que este jueves han denunciado que buena parte de sus reivindicaciones siguen sin ser atendidas, y han puesto como ejemplo el incremento de las pensiones contributivas mínimas hasta 1.080 euros.

A esta petición se suma la derogación de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados, o la necesidad de adoptar medidas para acabar con la brecha de género en salarios y pensiones, como puede el aumento hasta el cien por cien de la base reguladora de la pensión de viudedad.

En una rueda de prensa ofrecida en Bilbo, los integrantes del movimiento de pensionistas han denunciado «la desatención» hacia sus demandas que han vuelto a demostrar los partidos políticos, así como algún sindicato de ámbito estatal, como es el caso de CCOO, que no se ha sumado a las marchas del sábado.

Al parecer, esta central no comparte las críticas a las recomendaciones del Pacto de Toledo, que, a juicio de los pensionistas, han puesto en evidencia «la gran mentira de que la Seguridad Social pública es insostenible».

«Claramente insuficiente»

Sin embargo, el movimiento de pensionistas vascos ha advertido de que «lo conseguido es claramente insuficiente, por las indefiniciones que contiene, por las cuestiones que silencia, y porque consolida el actual deterioro de las prestaciones, que apuntan a empeorar en el futuro».

Para los pensionistas convocantes de las protestas, garantizar el sistema público de pensiones requiere derogar en su integridad las reformas laborales de 2010 y 2012 y acometer «una profunda reforma fiscal para que realmente paguen más los que más tienen e ingresan».

No en vano, consideran que el factor de sostenibilidad y la reforma de las pensiones de 2011 siguen vigentes «e incluso se abre la puerta a nuevas reformas». «Se va a penalizar la jubilación anticipada, recortar la pensión de viudedad e impulsar planes privados de pensiones incentivados con dinero público para los trabajadores que los puedan pagar», han manifestado.

Y han advertido de que «la pelota está en el tejado del Gobierno», ya que la reforma de las pensiones de 2020 depende de los cambios legislativos que proponga el Ejecutivo español, por lo que, de momento, «no nos queda otra que seguir luchando para garantizar lo conseguido y avanzar».