En un auto conocido este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 atribuye indiciariamente este nuevo delito a González, que ya estaba siendo investigado por cohecho y descubrimiento y revelación de secretos, e imputa al responsable de comunicación del BBVA, Paul G.Tobin, por posible encubrimiento.

El magistrado atiende, de este modo, la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe del pasado 8 de julio solicitó que se informara a González de que las pesquisas incluían una presunta administración desleal por utilizar recursos del banco para uso personal. En concreto, el Ministerio Público se refería al empleo de los medios de la entidad para valorar la adquisición de una finca a título privado.

Sobre este punto se pronunció recientemente el que fuera director del gabinete de presidencia y actual jefe de auditoría interna del BBVA, Joaquín Gortari, que explicó que aunque los empleados no podían hacerlo, el presidente sí estaba habilitado a ello para evitar posibles conflictos de interés.

El juez también ha imputado al responsable de comunicación del BBVA a instancias de Anticorrupción, que sostiene que Tobin guarda «relación estrecha con los hechos investigados» en esta pieza separada sobre los negocios del excomisario.

Finalmente, el instructor oficia a la Policía española para que acuda a la sucursal del BBVA en la que, en diciembre de 2004, se abrió la primera cuenta de Cenyt, para que aporte diferente información como el contrato de apertura, cartulina de firmas, relación de apoderados e identificación de las personas que hayan operado con la cuenta en extracciones en metálico.

Al mismo tiempo, da traslado a la entidad para que, con pleno respeto a su derecho de defensa, se informe de una serie de extremos relacionados con la investigación, y ofrece a los empresarios supuestamente perjudicados, entre ellos el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, que ejerciten las acciones que crean oportunas.

La Operación Trampa, novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.

A mediados de 2019 el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de Francisco González en una causa en la que figuraban como investigados otros exdirectivos del banco, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, o el ex consejero delegado Ángel Cano. A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.

El magistrado considera que los trabajos encargados supuestamente por el BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017 supusieron una «reiterada injerencia» en los derechos de las personas «mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria».